Los vigilantes de incendios forestales de Palencia han subido al puesto de vigilancia de Peña Tremaya, en plena Montaña Palentina, para exigir un operativo de prevención y extinción de incendios cien por cien público, profesional y estable durante los doce meses del año.

La movilización tuvo lugar el pasado sábado en uno de los cinco puestos de vigilancia activos de los catorce existentes en la provincia, donde, según ha denunciado el colectivo en un comunicado, no se cumple la contratación anual comprometida tras los incendios de la Sierra de la Culebra.

Peña Tremaya es, además, un enclave estratégico tanto para las comunicaciones como para la detección temprana de incendios, y desempeñó un papel clave durante el incendio de Resoba, que afectó a zonas de alto valor ambiental del Parque Natural de la Montaña Palentina, coincidiendo con el 25 aniversario de este espacio protegido.

Los vigilantes recuerdan que ya en febrero del pasado año se concentraron ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado el 27 de septiembre de 2022 entre la Consejería de Medio Ambiente y los sindicatos CCOO y UGT, un acuerdo que contemplaba acabar con la temporalidad mediante un proceso de estabilización que debía finalizar en diciembre de 2024.

Sin embargo, denuncian que una resolución posterior redujo a seis meses la contratación en 60 de las 164 torretas de Castilla y León, entre ellas varias de Palencia, bajo el argumento de que se encuentran en zonas de menor riesgo y con la previsión de sustituir progresivamente estos puestos por cámaras de videovigilancia.

El colectivo alerta de que el cierre temporal de torres como Peña Tremaya, Cueva Dorada, Santa Lucía, Valdemorata o Rodiles ha dejado sin cobertura amplias áreas de alto valor forestal y ambiental, además de impedir la realización de trabajos preventivos durante los meses de invierno.

A su juicio, estas carencias quedaron en evidencia durante la última campaña estival, caracterizada por puestos sin cubrir, dotaciones incompletas, problemas en las comunicaciones, falta de medios aéreos y un monte abandonado por la ausencia de labores preventivas.

Los vigilantes relacionan estas deficiencias con los incendios registrados a partir del 10 de agosto en Resoba y Guardo, que arrasaron más de 4.000 hectáreas, de las cuales 2.512 eran de arbolado, obligaron a evacuar a más de 500 personas, destruyeron numerosas viviendas en San Pedro de Cansoles y causaron la muerte de numerosos animales salvajes.

"Hay que tener cara para hablar de incendios de sexta generación y de cambio climático como principales causantes de los incendios del verano", señalan los vigilantes forestales, que rechazan las explicaciones oficiales y critican la gestión forestal de la Consejería.

Con esta nueva acción reivindicativa, el colectivo exige la incorporación de todos los puestos de vigilancia de la provincia a partir del 1 de enero de 2026, la resolución inmediata del proceso de estabilización y de la Relación de Puestos de Trabajo con contratos de doce meses, así como la creación de un operativo de incendios forestales "cien por cien público, profesional y estable" durante todo el año.

"Es evidente que no aprendieron nada del incendio de la Sierra de la Culebra de 2022 y siguen sin aprender nada después de los de este verano", concluye el comunicado, en el que también se critican las promesas incumplidas de la Consejería y se solicita la dimisión del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco y del director general de Patrimonio José Ángel Arranz.