El Ayuntamiento de Palencia ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que ordena iniciar un expediente para restablecer la legalidad urbanística en la cafetería–restaurante del Parque del Salón, lo que podría implicar la demolición de lo construido en exceso respecto a la edificación original.

El consistorio sostiene que la resolución judicial incurre en un error al afirmar que la ampliación supera la superficie autorizada. En un comunicado municipal se recuerda que la concesión demanial de 2005 permitía una edificabilidad de 1.143,62 metros cuadrados, que el Plan General fija un máximo de 1.737 metros cuadrados para el conjunto del parque y que la reforma ejecutada ocupa 685,32 metros edificados.

"No se ha superado la edificabilidad permitida en la concesión ni la del parque del Salón", afirma el Ayuntamiento en el comunicado.

Además, el gobierno municipal recalca que la licencia urbanística aprobada el 2 de julio de 2024 cuenta con informes favorables emitidos por todos los departamentos competentes: técnicos del SEPEIS, Obras, Medio Ambiente, Disciplina Urbanística y la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta.

El Ayuntamiento defiende asimismo que el proyecto "cumple el Plan General de Ordenación Urbana", aunque reconoce que la sentencia cuestiona la legalidad de la concesión original otorgada en 2005 a la antigua empresa que gestionaba el establecimiento.

En su argumentación, el Consistorio cita textualmente uno de los pasajes de la resolución judicial en los que el magistrado apunta que "al juzgador se le hace muy difícil entender que las entidades locales puedan tener como cometido la prestación de un servicio público de cafetería–restaurante", apreciación que el Ayuntamiento considera ajena al fondo técnico del caso.

Los servicios jurídicos municipales preparan ya el recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con el objetivo de que se revoque una sentencia que, de confirmarse, obligaría al Ayuntamiento a ordenar la demolición de lo que el juez considera construido de forma indebida.