El tribunal desestima la petición de Ecologistas en Acción al existir ya una sentencia previa que declara ilegales los trabajos de ADIF
Ecologistas y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril piden que se ejecute la sentencia
Satisfacción por lo que consideran una victoria ciudadana ante una incompatibilidad con la legalidad
Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Palencia van a pedir a la Audiencia Nacional que decrete la ejecución de la sentencia del propio órgano judicial que paraliza las obras del AVE a Cantabria en la capital palentina.
Los portavoces de ambas entidades, que presentaron la demanda por la incompatibilidad de las obras con los Estudios Informativos para el soterramiento de las vías en Palencia, han mostrado su satisfacción al considerar que se trata de "un triunfo de la sociedad civil", según EFE.
"Cuando la sociedad se organiza y defiende una causa que considera justa y que ampara la ley, se puede ganar", ha explicado Daniel Vega, de Ecologistas en Acción.
"Adif tiene que cumplir con la legalidad y el viaducto que se está construyendo en la salida de la ciudad es incompatible con la legalidad", han insistido Luis Muñoz como portavoz de la asociación que defiende el soterramiento del ferrocarril.
A partir de ahora, han incidido en que las obras se tienen que parar, hay que derruir lo construido para restaurar la legalidad y "lo que se haga tiene que ser compatible con el soterramiento del ferrocarril", porque a Adif no le queda otra que un proyecto constructivo que se ajuste a los estudios informativos.
"Adif tiene que cumplir con la ley y hacer el soterramiento", han insistido, señalando que, según sus cálculos el coste de soterrar las vías en Palencia rondaría los 200 millones de euros. "No es una cifra sangrante", ha manifestado Vega.
De momento, van a solicitar la ejecución inmediata de la sentencia y la paralización cautelar de las obras, independientemente de que Adif recurra o no la sentencia, conscientes de lo que se pueden dilatar en el tiempo las decisiones judiciales. EFE
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