Adif ha cerrado la puerta al intento del Ayuntamiento de Palencia de frenar la instalación de las pantallas acústicas en el tramo urbano del ferrocarril. El administrador ferroviario no ha admitido el requerimiento municipal al considerar que se presentó fuera de plazo y, por tanto, no tiene recorrido en vía administrativa.

Según la contestación enviada por Adif, a la que ha tenido acceso EFE, el escrito registrado por el Ayuntamiento el pasado 7 de noviembre llegó "muy por encima" del límite legal previsto para este tipo de trámites.

La entidad recuerda que tanto el proyecto de cerramiento de la línea de alta velocidad Venta de Baños–León como el de protecciones acústicas cuentan con aprobación firme desde hace meses.

La respuesta del administrador ferroviario remite al artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que fija dos meses para presentar requerimientos previos.

En el caso del cerramiento urbano, Adif sostiene que el proyecto fue aprobado en enero de 2024, licitado en septiembre de ese mismo año y adjudicado en mayo de 2025. Incluso recuerda que su evolución había sido difundida públicamente y trasladada a colectivos ciudadanos desde marzo de 2025, por lo que considera "manifiesto" que el Ayuntamiento conocía el expediente antes de ese momento.

Respecto al proyecto de pantallas acústicas, Adif detalla que el procedimiento arrancó en 2022, con información pública y comunicación al Ayuntamiento incluida, fue modificado en febrero de 2023, aprobado definitivamente un mes después y licitado en agosto de 2024. La formalización del contrato llegó en mayo de 2025, de modo que el requerimiento municipal, presentado en noviembre, también habría perdido cualquier plazo posible.

La entidad rechaza además las objeciones de fondo planteadas por el consistorio y sostiene que las actuaciones no requieren Declaración de Impacto Ambiental, al no alterar la infraestructura existente.

Las obras, añade, se limitan a reforzar la seguridad del cerramiento y a instalar elementos previstos en los planes estatales de protección acústica, sin ampliar vías ni introducir nuevas líneas.

También defiende que cumplen la normativa hidráulica y critica como "sorprendente" que el Ayuntamiento cuestione ahora la insonorización mientras recurre a la normativa acústica para intentar sancionar la intervención.

Recurso

La resolución pone fin a la vía administrativa, pero deja abierta la opción de acudir a los tribunales a través de un recurso contencioso-administrativo, que ya ha confirmado la alcaldesa, Miriam Andrés.

La regidora ha explicado que todavía no han recibido la notificación por los cauces oficiales, pero ha avanzado que, si la inadmisión se basa en la extemporaneidad, "no quedará más remedio que acudir a los tribunales". EFE