La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha. 

Ambos han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

Los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), en el marco de una operación que sigue abierta.

Leire Díez está imputada también por el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales, recoge EFE. 

El titular de este juzgado, Arturo Zamarriego, investiga a esta exmilitante y al empresario Javier Pérez Dolset por las reuniones que mantuvieron en busca de información comprometida de fiscales y guardias civiles y también por la denuncia de intentos de soborno por parte de dos fiscales.

Leire Díez, extrabajadora de la empresa pública Correos, que depende de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Por su parte, Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.