La víctima subía a su coche y cuando iban a realizar la transacción, el sospechoso amenazaba a las víctimas con una pistola simulada
La acusada de matar a una anciana en una residencia de León asegura que no lo hizo
La auxiliar de enfermería, acusada de inyectar insulina mortal a una residente de 98 años, defiende su inocencia mientras la Fiscalía solicita prisión permanente
La auxiliar de enfermería S.V.R., acusada de agredir y asesinar a una anciana de 98 años mediante una inyección de insulina en la Residencia Virgen del Camino de León en julio de 2022, ha negado rotundamente los hechos este viernes durante su declaración ante el jurado popular. "Yo no golpeé ese día, ni ningún otro, a esa mujer", ha asegurado la acusada en la cuarta y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León. La Fiscalía solicita para ella prisión permanente revisable.
S.V.R. sí ha admitido que, durante el registro domiciliario posterior a su detención, se encontró en su casa un anillo que, según el fiscal, pertenecía a la anciana fallecida. No obstante, la acusada ha explicado que se lo encontró "en el suelo de una de las habitaciones" del centro.
Según su versión, en el momento de la presunta agresión estaba cambiando el pañal a la residente y preparándola para dormir, cuando otra auxiliar de enfermería irrumpió en la habitación "como un elefante en una cacharrería" y la acusó de maltratar a la anciana, alegando haber escuchado a la mujer gritar "no me pegues, no me pegues".
S.V.R. ha cuestionado esa versión, señalando que la anciana padecía demencia, apenas hablaba y, menos aún, por la noche tras haber tomado su medicación para dormir. "No dijo nada, porque nada pasó", afirmó la acusada.
La procesada ha indicado que, tras la acusación de su compañera, intentó contactar con el coordinador del centro para informarle de lo ocurrido, y que no volvió a entrar en la habitación ni estuvo en ella acompañada por nadie más.
Frente a esto, la Fiscalía mantiene que S.V.R. volvió a la habitación y administró a la anciana una inyección letal de insulina para evitar represalias laborales por la supuesta agresión previa.
El Ministerio Público ha reiterado su petición de prisión permanente revisable, además de una multa de tres meses con una cuota diaria de diez euros por un delito de lesiones.
Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución, alegando que no se ha probado ni la agresión ni que la acusada administrara la insulina o siquiera tuviera la posibilidad de hacerlo.
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