El exdirector de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Román González Ponti, señaló este lunes, 28 de septiembre, a la directiva presidida por Josep Maria Bartomeu como responsable de decidir el pago de 1,7 millones de euros al abogado que defendió al expresidente en el denominado caso Neymar.

González Ponti compareció como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía. El ministerio público acusa a Bartomeu de haber desviado presuntamente cuatro millones de euros mediante comisiones e intermediaciones durante su etapa al frente del club, entre 2014 y 2020.

La investigación parte de un informe 'forensic' que la actual junta directiva del Barça, encabezada por Joan Laporta, entregó a la Fiscalía en 2022 y en el que se recogían diferentes irregularidades contables relacionadas con operaciones de fichajes.

Entre las actuaciones bajo investigación figura el pago de 1,7 millones de euros realizado en 2016 a José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu en el caso Neymar. El letrado facturó esa cantidad al Barcelona por su supuesta participación en el acuerdo alcanzado entre el club, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Aquel pacto permitió al Barcelona reconocer dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fichaje de Neymar y asumir una multa de 5,5 millones de euros.

Según sostiene la Fiscalía, el pago al abogado se acordó inicialmente sin el visto bueno de la junta directiva y fue trasladado posteriormente a ese órgano. El ministerio público considera además que González Franco no actuó como representante del Barcelona en la negociación, ya que la defensa del club estaba en manos del abogado Cristóbal Martell.

La Fiscalía apunta también a un posible conflicto de intereses, al entender que González Franco defendía los intereses particulares de Bartomeu mientras que Martell ejercía la representación jurídica del Barcelona como entidad.

Durante su declaración, González Ponti se desvinculó de la decisión sobre los honorarios del abogado del expresidente. Según fuentes jurídicas, sostuvo que la fijación de esa remuneración correspondía a la directiva y no a sus competencias, aunque admitió que podía trasladar su opinión sobre el asunto.

El exresponsable jurídico defendió además que la cantidad abonada era razonable, en línea con la versión mantenida anteriormente por Bartomeu. Según su explicación, los honorarios equivalían al 10% del supuesto ahorro que el acuerdo con la Fiscalía habría permitido al Barcelona en el procedimiento por el fichaje de Neymar.

También sostuvo que González Franco sí intervino en las negociaciones para alcanzar el acuerdo con el ministerio público y apuntó a los correos electrónicos intercambiados durante el proceso como respaldo de esta versión.

La aseguradora abonó inicialmente 200.000 euros

Durante la misma jornada prestó declaración como testigo un responsable de la correduría de la aseguradora AIG, compañía con la que el Barcelona tenía contratada una póliza destinada a cubrir los gastos de defensa de sus directivos.

Según explicó este testigo, los honorarios inicialmente pactados con González Franco por representar a Bartomeu en el caso Neymar ascendían a 200.000 euros, cantidad que fue abonada en mayo de 2017.

Posteriormente, el abogado habría reclamado nuevas cantidades por su intervención en el procedimiento, que en conjunto se aproximaban al millón de euros. La Fiscalía sostiene que esas cantidades terminaron formando parte del importe que abonó el Barcelona después de que la aseguradora rechazara hacerse cargo de ellas.

El ministerio público considera que este mecanismo habría provocado que el club terminara asumiendo los costes de la defensa particular de Bartomeu en el caso Neymar, una de las cuestiones que ahora se investigan judicialmente.