Las obras, con una duración prevista de cinco meses, consolidarán la estructura
Los responsables de destruir el yacimiento de Santibáñez desconocían su existencia
El gerente de la empresa que realizó las zanjas para una plantación forestal y el presidente de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña han declarado ante el juzgado
El Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga ha tomado declaración al presidente de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña y al gerente de la empresa promotora de una repoblación forestal, investigados por la destrucción de un yacimiento arqueológico protegido en Santibáñez de la Peña.
Ambos han asegurado que desconocían que en la zona, objeto de las labores de roturación el pasado mes de febrero, existía un campamento romano catalogado como Bien Inventariado y con nivel de Protección Grado 1, según EFE.
El enclave, conocido como 'Castellum A' o La Loma __ENDASH__ El Castro, forma parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León y resultó dañado durante los trabajos de preparación del terreno, que incluyeron la apertura de surcos y zanjas con maquinaria pesada.
El presidente de la Junta Vecinal, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha defendido que el terreno es rústico y siempre se ha cultivado, por lo que pensaba que podía roturarse sin pedir permisos.
Por su parte, el gerente de la empresa ha insistido en que se limitó a ejecutar el encargo recibido de la Junta Vecinal, sin conocer la existencia de restos arqueológicos.
En la causa se ha personado como acusación popular Ecologistas en Acción Palencia, que subraya que los trabajos se realizaron sin contar con permisos ni autorizaciones, lo que podría constituir un delito contra el patrimonio histórico recogido en el artículo 323 del Código Penal.
La organización y el Ministerio Fiscal han formulado preguntas al responsable de la empresa para esclarecer su grado de responsabilidad y comprobar la legalidad de los contratos, mientras que el presidente de la Junta Vecinal no ha contestado más que a su defensa.
El procedimiento se apoya en el atestado del Seprona de la Guardia Civil, que trasladó los hechos a la Fiscalía y al Delegado Territorial de la Junta. La fase de instrucción sigue pendiente de que la administración autonómica, personada como acusación el pasado mes de julio, aporte la documentación requerida: un informe pericial de daños, la catalogación del yacimiento y la existencia o no de permisos.
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