T-Systems asegura que los datos de los ciudadanos "han estado siempre disponibles" y reitera que el conflicto se debe a la falta de contrato desde mayo
Controversia por las pantallas acústicas de Adif en Palencia
La Asociación por el Soterramiento alerta de un "muro" que dividirá la ciudad y el subdelegado del Gobierno pide un acuerdo para un diseño más amable
La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha denunciado la adjudicación por parte de Adif de un proyecto que contempla la instalación de pantallas acústicas metálicas de hasta 7,7 metros de altura a lo largo del trazado ferroviario en la capital.
La plataforma sostiene que estas estructuras supondrán "una muralla" que oscurecerá viviendas, fragmentará barrios y provocará un fuerte impacto visual y social en la ciudad.
El colectivo recuerda que ya en marzo alertó de estos planes, que entonces fueron desmentidos por el Ayuntamiento, al asegurar que se trataba únicamente de una reforma del vallado con un pequeño muro de contención.
Ahora, con la adjudicación en firme y un plazo de ejecución de nueve meses, la asociación asegura que se levantarán "cientos de metros continuos de pantallas metálicas" con láminas de metacrilato en algunos tramos.
Frente a este escenario, el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha apelado a la necesidad de alcanzar un acuerdo entre el Ayuntamiento y Adif para encontrar "una solución más amable" que reduzca el impacto visual y al mismo tiempo garantice el descanso de los vecinos.
Santiago ha señalado que las pantallas actuales, asociadas a las obras en la zona sur, son provisionales, y ha defendido que se busque un diseño definitivo que no actúe como una barrera para la ciudad.
La Agencia de Desarrollo Local difundirá entrevistas a los negocios locales para que su historia les permita conectar con nuevos clientes
La empresa asegura que mantuvo la gestión informática municipal durante casi un año sin contraprestación, mientras esperaba la firma de un nuevo contrato
El Ayuntamiento acusa a la empresa adjudicataria de interrumpir unilateralmente el servicio, lo que impide expedir certificados de empadronamiento y otros trámites








