Una sociedad democrática no puede acostumbrarse a que la violencia se apodere de sus calles cada vez que surge un motivo de protesta. Manifestarse es un derecho fundamental, expresar el desacuerdo es una parte esencial de la democracia y reclamar cambios forma parte de la libertad de cualquier ciudadano. Pero nada de eso puede servir de excusa para justificar el vandalismo, los saqueos, las agresiones o la destrucción de bienes públicos y privados. Cuando una protesta deriva en una batalla campal, deja de ser una expresión legítima de descontento para convertirse en un problema de orden público que las instituciones tienen la obligación de afrontar.

Las imágenes que llegan desde distintos puntos de España, con episodios de violencia callejera vinculados a protestas en Cataluña o el País Vasco, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que no admite evasivas: ¿hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que determinados grupos conviertan las calles en escenarios de intimidación y destrucción? El motivo que origine una movilización puede ser muy distinto en cada ocasión, pero ninguna reivindicación, por legítima que sea, otorga a nadie el derecho a agredir, incendiar, saquear o sembrar el miedo entre sus propios conciudadanos.

Resulta especialmente preocupante que algunos episodios parezcan reproducir dinámicas de violencia callejera vistas en otros países, donde las protestas terminan desbordadas por grupos que encuentran en el enfrentamiento una oportunidad para imponer su propia ley. España no debe importar modelos de confrontación que deterioran la convivencia y erosionan la confianza en las instituciones. Tampoco puede resignarse a que una minoría violenta condicione la vida de barrios enteros, perjudique a comerciantes y trabajadores y convierta el espacio público en un lugar inseguro para quienes simplemente quieren vivir con normalidad.

La respuesta exige firmeza, pero también inteligencia y proporcionalidad. Las fuerzas de seguridad deben contar con los medios necesarios para prevenir los disturbios, proteger a los ciudadanos y restablecer el orden cuando sea necesario. Quienes cometan delitos deben responder ante la justicia, con independencia de sus motivaciones o de la causa que digan defender. Y las administraciones competentes deben coordinarse para evitar que la reiteración de estos episodios transmita una peligrosa sensación de impunidad.

No se trata de criminalizar la protesta ni de cuestionar derechos que nuestra Constitución reconoce y protege. Se trata, precisamente, de defenderlos. El derecho de manifestación no puede convertirse en una patente de corso para quienes buscan la violencia, del mismo modo que la libertad de expresión no ampara las amenazas ni la destrucción. Proteger a quienes se manifiestan pacíficamente implica también impedir que los violentos secuestren sus reivindicaciones y desvirtúen el sentido de una movilización.

La responsabilidad institucional va más allá de enviar efectivos policiales cuando el conflicto ya ha estallado. Hace falta prevención, investigación, aplicación efectiva de la ley y una respuesta política que no relativice los hechos en función de quién protagonice los disturbios o de la causa que se invoque para justificarlos. La condena de la violencia no puede depender de afinidades ideológicas, territoriales o partidistas. Si las reglas de convivencia son comunes, su defensa también debe serlo.

Hay, además, una responsabilidad social que no conviene ignorar. Las imágenes de contenedores ardiendo, escaparates destrozados o enfrentamientos con la policía no deberían convertirse en una estampa habitual de nuestra actualidad. Mucho menos en un espectáculo que se consume en las redes sociales, donde algunos encuentran en el enfrentamiento una forma de notoriedad. Normalizar esas escenas significa aceptar que la intimidación gane terreno y que la convivencia ceda ante quienes hacen del conflicto su principal herramienta.

El Estado de derecho se demuestra tanto en la protección de las libertades como en su capacidad para garantizar que nadie quede a merced de la violencia. Las instituciones no deben actuar por impulsos ni dejarse arrastrar por la presión del momento, pero tampoco pueden mirar hacia otro lado mientras se deteriora la seguridad ciudadana. La firmeza democrática consiste en aplicar la ley con rigor, respetar las garantías de todos y evitar que la inacción termine premiando a quienes la vulneran.

España tiene instrumentos legales, fuerzas de seguridad y mecanismos judiciales para afrontar estos desafíos. Lo que hace falta es voluntad para utilizarlos de manera eficaz, sin ambigüedades y sin convertir la seguridad ciudadana en una disputa partidista. La paz en las calles no es una concesión de las autoridades ni un privilegio de quienes no protestan: es una condición indispensable para que todos puedan ejercer sus derechos en libertad.

Porque una democracia puede y debe convivir con la discrepancia, incluso con las protestas más incómodas. Lo que no puede aceptar es que la violencia sustituya a las razones, que el miedo silencie a los ciudadanos o que la destrucción se presente como una forma más de reivindicación. La calle pertenece a todos, no a quienes pretenden apropiársela mediante la fuerza. Y garantizar que siga siendo así es una obligación ineludible de las instituciones.