La concejalía de Urbanismo ordena retirar la instalación de un patio comunitario ante el riesgo que puede suponer para la seguridad estructural
Una piscina de 2.000 litros pone en alerta a un edificio y Salamanca busca ahora a su propietario
La concejalía de Urbanismo ordena retirar la instalación de un patio comunitario ante el riesgo que puede suponer para la seguridad estructural
Una piscina instalada en un patio comunitario del barrio de Garrido ha llevado al Ayuntamiento de Salamanca a buscar a su propietario ante el riesgo que, según los técnicos municipales, podría suponer para la estructura del edificio.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles una notificación municipal después de que haya resultado imposible localizar al destinatario en el domicilio señalado a efectos de notificaciones, situado en la calle Camelias.
El origen del expediente se encuentra en un escrito recibido por el área de Urbanismo del Ayuntamiento el pasado 28 de mayo, en el que se comunicaba la instalación de una piscina en una terraza comunitaria. A raíz de esta comunicación, los servicios municipales realizaron el correspondiente informe técnico.
El documento advierte de las posibles consecuencias del peso de la piscina. Según el informe, "por las dimensiones de la piscina instalada" se calcula que puede llegar a contener unos dos metros cúbicos de agua, lo que supondría una sobrecarga de uso superior a los 500 kilos por metro cuadrado y "pudiendo provocar un colapso de la estructura".
Dos metros cúbicos de agua equivalen aproximadamente a 2.000 litros y, por tanto, a unos 2.000 kilos de peso, una carga que los técnicos consideran que puede comprometer la seguridad estructural del inmueble.
Por este motivo, Urbanismo señala que la piscina "puede suponer un riesgo para la seguridad estructural y debe ser retirada".
El problema para localizar al responsable se encuentra en las propias características del espacio. El patio donde se ha colocado la piscina es un elemento común del edificio y, al no contar con sistemas divisorios, no permite identificar directamente a la persona que ha instalado la piscina. Por ello, el Ayuntamiento considera que la Comunidad de Propietarios es "el responsable último del uso del elemento".
Además, el inmueble al que hace referencia el expediente presenta una particular configuración. Se trata de un edificio situado entre las calles Camelias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Acebos y la avenida de los Cedros, en el que están constituidas varias comunidades de propietarios.
Precisamente, una de estas comunidades fue la que puso los hechos en conocimiento del área de Urbanismo y dio pie a la actuación municipal.
Ante la imposibilidad de practicar la notificación de forma ordinaria, el Ayuntamiento ha recurrido ahora al BOE para darle publicidad y tratar de localizar al propietario de la piscina, que deberá tener conocimiento del expediente y de la petición municipal de retirar la instalación por el posible riesgo que supone para la estructura del edificio.
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