Hay problemas que dejan de ser coyunturales cuando empiezan a condicionar la vida de varias generaciones. El acceso a la vivienda es ya uno de ellos. Castilla y León no presenta las tensiones inmobiliarias de Madrid, Baleares o algunas de las grandes capitales españolas. Pero sería un error pensar que, por ello, estamos ante un problema menor. Nuestra Comunidad afronta una dificultad diferente y, en algunos aspectos, más compleja: una parte importante de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda en las ciudades donde existe empleo y servicios, mientras buena parte del territorio rural dispone de viviendas que no siempre responden a las necesidades de quienes quieren vivir allí.

El resultado es una paradoja que debería preocuparnos: tenemos un territorio extenso y una población relativamente reducida, pero cada vez resulta más difícil para muchas familias y, sobre todo, para los jóvenes encontrar una vivienda adecuada a un precio que puedan pagar.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ofrecen una señal inequívoca. En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 14,8% interanual en Castilla y León, por encima del 12,2% registrado en el conjunto de España. En apenas seis meses de este año, el incremento acumulado alcanza ya el 8,5%. La vivienda nueva subió un 9,8% en un año y la usada un 15,8%.

No estamos, por tanto, ante una simple sensación de que comprar una casa es más caro. Los datos confirman que lo es. Y el problema se vuelve especialmente importante cuando se compara la evolución del precio de la vivienda con la capacidad real de las familias para acceder a ella. Porque una vivienda puede ser asequible en términos relativos para quien dispone de patrimonio, ahorros o ayuda familiar y resultar completamente inaccesible para quien comienza su vida laboral.

Durante años hemos hablado de la vivienda principalmente desde la perspectiva de la cuota hipotecaria. Pero para miles de jóvenes el obstáculo aparece mucho antes: en la entrada. Ahorrar el dinero necesario para comprar una vivienda exige disponer de unos ingresos estables y de una capacidad de ahorro que no todos los jóvenes tienen. Y esa capacidad se ve limitada, precisamente, por el coste del alquiler. El círculo es conocido: quien no puede comprar necesita alquilar; quien paga una parte elevada de su salario en alquiler no puede ahorrar con facilidad; quien no puede ahorrar no consigue reunir la entrada necesaria para comprar. El alquiler se convierte así, paradójicamente, en una puerta de entrada a la vivienda que puede terminar cerrando la puerta de la propiedad.

Los datos del Consejo de la Juventud de Castilla y León correspondientes al segundo semestre de 2024 ya mostraban esa tensión. La tasa de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años se situaba en torno al 13,8%, mientras que el alquiler a precio de mercado alcanzaba una mediana de 680 euros mensuales, un 10,4% más que un año antes. El salario mediano anual de los jóvenes era de 13.344 euros. La diferencia entre salario y vivienda explica mucho mejor el problema que cualquier debate político.

Y hay otra consecuencia: compartir piso deja de ser una elección asociada a una etapa de la vida y se convierte, cada vez más, en una necesidad económica. Entre los jóvenes emancipados que alquilan en Castilla y León, casi tres de cada diez compartían vivienda en 2024, más de once puntos por encima de un año antes.

Castilla y León lleva décadas hablando de despoblación, envejecimiento y pérdida de población joven. Por eso la vivienda no puede analizarse como una cuestión independiente de la política demográfica. Un joven que no puede emanciparse retrasa la formación de un hogar. Una pareja que no puede acceder a una vivienda retrasa decisiones familiares. Un trabajador que encuentra empleo en Valladolid, Burgos, Salamanca, León o Segovia pero no encuentra un alquiler asumible puede terminar buscando alternativas en otros lugares. La vivienda, por tanto, también es una política de empleo, de natalidad, de cohesión territorial y de futuro.

El INE aporta un dato especialmente revelador para entender la dimensión nacional del fenómeno: en 2025, el 44,3% de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Y entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3% señalaba como principal motivo no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda.

No es razonable interpretar estas cifras como una cuestión de preferencias personales de una generación. Cuando casi la mitad de quienes permanecen en casa de sus padres lo atribuyen directamente a la imposibilidad económica de acceder a una vivienda, estamos ante un problema estructural.

La respuesta tampoco puede limitarse a conceder ayudas al alquiler o a facilitar la compra. Las ayudas son necesarias para quienes las necesitan, pero si se utilizan únicamente para compensar una oferta insuficiente corremos el riesgo de alimentar un mercado cada vez más caro.

Castilla y León ha recuperado actividad constructora respecto a los años posteriores a la crisis inmobiliaria, pero todavía está muy lejos de los niveles históricos. En 2024 se visaron algo más de 7.500 viviendas de obra nueva en la Comunidad, frente a casi 5.100 en 2019. Sin embargo, la cifra sigue muy lejos de las más de 23.000 viviendas anuales que se visaban de media entre 1995 y 2001.

La conclusión no debería ser que hay que construir indiscriminadamente. La conclusión es que necesitamos construir donde existe demanda y hacerlo con precios compatibles con los ingresos de quienes necesitan esas viviendas. Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de los próximos años: aumentar la vivienda asequible sin generar una nueva burbuja de precios.

La vivienda protegida debe formar parte de esa estrategia. También la vivienda pública de alquiler, la colaboración entre administraciones y promotores, la movilización de suelo, la rehabilitación de edificios y la recuperación de viviendas vacías allí donde realmente exista demanda. No necesita lo mismo Valladolid que una localidad de 2.000 habitantes. No afronta el mismo problema una capital universitaria que un municipio rural que intenta atraer trabajadores. Y no puede aplicarse exactamente la misma solución a Burgos, Salamanca, León, Segovia o Soria que a cientos de pequeños municipios.

Una parte del debate público sobre vivienda se ha centrado casi exclusivamente en el precio final. Pero detrás de ese precio hay una cadena completa: suelo, planeamiento, licencias, financiación, materiales, mano de obra, fiscalidad y costes de construcción. Cuando cualquiera de esos elementos se atasca, la vivienda termina encareciéndose. Agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos no significa eliminar controles. Significa evitar que una vivienda que podría estar disponible dentro de dos años tarde cinco en llegar al mercado. También significa que las administraciones deben ser capaces de poner suelo a disposición de quienes quieran construir vivienda asequible y hacerlo con planificación suficiente para anticiparse a la demanda.

La Comunidad tiene además una oportunidad en la rehabilitación. Un parque residencial envejecido puede convertirse en una oportunidad para generar vivienda, mejorar la eficiencia energética y revitalizar los centros urbanos y los municipios rurales.

El gran riesgo es responder al problema con medidas aisladas, anuncios sucesivos y programas que cambian cada pocos años. Es necesaria una estrategia que combine alquiler y propiedad. Vivienda pública y privada. Construcción nueva y rehabilitación. Grandes ciudades y mundo rural. Ayudas directas y aumento de la oferta. Y, sobre todo, que tenga un objetivo medible: que una persona joven con un empleo normal pueda independizarse sin necesitar necesariamente que sus padres le financien la entrada de una vivienda o una parte de su alquiler.

La Junta ya dispone de instrumentos como las garantías para facilitar el acceso de jóvenes a su primera vivienda y está desarrollando nuevas promociones de vivienda pública. En Valladolid, por ejemplo, se estaban desarrollando más de 500 viviendas públicas en distintas promociones, destinadas principalmente al alquiler. Son actuaciones que pueden contribuir a aliviar el problema, pero la dimensión del desafío obliga a preguntarse si son suficientes y, sobre todo, si se están desarrollando a la velocidad necesaria.

Es indispensable poder aceptar un empleo sin que el alquiler se lleve una parte desproporcionada del salario. Es poder formar una familia. Es poder elegir dónde vivir. Es poder quedarse en Castilla y León. Y también es una cuestión de igualdad: quien cuenta con patrimonio familiar parte con una ventaja evidente frente a quien depende exclusivamente de su nómina.

Por eso conviene abandonar el debate reducido a consignas y asumir una realidad mucho más sencilla: si los precios crecen con fuerza, los salarios no permiten ahorrar y la oferta de vivienda asequible no aumenta al mismo ritmo, el acceso seguirá deteriorándose. Castilla y León todavía está a tiempo de afrontar este problema con una política propia, estable y ambiciosa.

Pero hace falta actuar sobre todas las piezas del tablero: más vivienda donde haga falta, más vivienda pública y protegida, más alquiler asequible, más suelo disponible, menos tiempos administrativos, más rehabilitación y ayudas dirigidas a quienes realmente las necesitan.

La vivienda no puede ser el problema que explique por qué nuestros jóvenes se van, por qué retrasan sus proyectos de vida o por qué una familia tiene que dedicar una parte excesiva de sus ingresos simplemente a tener un techo.

Castilla y León necesita que sus jóvenes puedan quedarse. Y para que puedan quedarse, primero tienen que poder vivir.