El debate sobre los peajes vuelve a ganar peso en Castilla y León y la Junta ya pone fecha a una de sus posibles respuestas. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja para introducir en los presupuestos de 2027 bonificaciones destinadas a los conductores recurrentes que utilizan las autopistas de la Comunidad.

La medida pretende aliviar el coste que soportan quienes recurren de forma habitual a estas vías, aunque la posición de la Junta va más allá: Fernández Mañueco insiste en que la solución definitiva pasa por suprimir todos los peajes, no únicamente algunos tramos concretos.

El anuncio se produjo durante el pleno de las Cortes de Castilla y León, en respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Alicia Gallego, que reclamó una actuación más contundente para acabar con los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71.

Una reivindicación que la Junta lleva al Gobierno central

Mañueco aseguró que la desaparición de los peajes constituye una de las prioridades del Ejecutivo autonómico y una reclamación que, según afirmó, se ha trasladado de manera reiterada al Gobierno central. Su valoración sobre la respuesta recibida fue tajante: "absolutamente nula".

Ante esta situación, la Junta pretende avanzar por su propia vía con las bonificaciones para los usuarios frecuentes. El objetivo es que la medida pueda quedar recogida en las cuentas autonómicas de 2027, de manera que los conductores recurrentes puedan beneficiarse de una reducción del coste de sus desplazamientos.

El presidente autonómico quiso además ampliar el foco más allá de las dos autopistas que centraron la pregunta parlamentaria. Recordó que Castilla y León mantiene otros corredores de pago, entre ellos las conexiones con Madrid, Ávila y Segovia, y defendió que su eliminación tendría efectos sobre ciudadanos de distintas provincias.

La intervención de Alicia Gallego estuvo especialmente centrada en la situación de León. La portavoz de UPL recordó que su formación ha presentado ocho iniciativas parlamentarias desde 2016 para reclamar la liberalización de las autopistas León-Asturias y León-Astorga. Según explicó, dos de ellas fueron aprobadas, en 2021 y 2024, aunque considera que posteriormente no se produjeron avances suficientes.

Gallego vinculó los peajes con la movilidad y el desarrollo económico y acusó tanto al PP como al PSOE de no haber dado respuesta a las reivindicaciones de la provincia. En el caso de la AP-71, criticó que continúe siendo una infraestructura de pago mientras la N-120 afronta problemas de seguridad y soporta buena parte de los desplazamientos. También puso el foco en la conexión con Asturias a través de la AP-66, donde denunció problemas derivados de desprendimientos y cierres de túneles desde 2024. A su juicio, estas circunstancias terminan afectando a la competitividad y a la comunicación de distintas comarcas.

La dirigente de UPL reclamó al presidente autonómico una posición institucional más firme ante el Gobierno y preguntó expresamente si la Junta estaría dispuesta a aplicar una bonificación autonómica íntegra y sin exclusiones mientras no se produzca la liberalización de las autopistas.

La disputa política entra también en escena

El debate terminó derivando hacia las alianzas políticas. Mañueco reprochó a UPL sus futuros acuerdos y aseguró que la formación leonesa volverá a pactar, a su juicio, con quienes han mantenido los peajes. El presidente de la Junta vinculó esta cuestión con las próximas elecciones municipales y pidió a los votantes que tengan en cuenta esas alianzas a la hora de acudir a las urnas.

Más allá del enfrentamiento parlamentario, el compromiso anunciado deja ahora sobre la mesa una cuestión concreta: la posibilidad de que los usuarios habituales de las autopistas de Castilla y León dispongan de bonificaciones a partir de 2027, mientras la Junta mantiene su reclamación de fondo para que el Gobierno central elimine definitivamente los peajes de la Comunidad.