La Justicia ha anulado el cese de la secretaria general del Ayuntamiento de Palencia, María Rosa de la Peña, y ha ordenado su reincorporación al puesto que ocupaba desde marzo, al considerar que la decisión adoptada por la Alcaldía no estuvo suficientemente motivada.

La sentencia del Tribunal de Instancia de Palencia, en su Sección de lo Contencioso-Administrativo, estima íntegramente el recurso presentado por la funcionaria y concluye que la resolución municipal por la que fue apartada de su cargo no se ajusta al ordenamiento jurídico.

El fallo obliga al Consistorio a restituir a De la Peña en la Secretaría General con efectos administrativos y económicos desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que se produjo el cese. Además, deberá abonarle las retribuciones que ha dejado de percibir durante este periodo y asumir las costas del procedimiento judicial.

La resolución tiene su origen en la decisión adoptada por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que justificó el relevo por una supuesta "pérdida de confianza técnica". El Ayuntamiento sustentó esa decisión en dos cuestiones: la presunta falta de información trasladada a la Alcaldía sobre varios requerimientos del Procurador del Común y una supuesta omisión en la publicación de una declaración patrimonial de una concejala en el Portal de Transparencia.

Sin embargo, el magistrado rechaza ambos argumentos. Respecto a la actuación relacionada con el Procurador del Común, considera que no ha quedado acreditado que la secretaria general tuviera conocimiento de determinados informes internos vinculados al expediente. De hecho, la documentación analizada refleja que parte de esa información fue remitida directamente a la Alcaldía.

En cuanto a la segunda cuestión, relacionada con la declaración patrimonial de la edil del Partido Popular Laura Lombraña, la sentencia aprecia una ausencia de pruebas que permitan sostener la acusación. El juez señala que el expediente carece de documentación que respalde las afirmaciones recogidas por el Ayuntamiento y considera que la decisión se adoptó sin elementos suficientes que justificaran esa actuación.

A partir de ese análisis, la resolución concluye que no existe una motivación "bastante ni suficiente" para justificar el cese de la funcionaria.

El magistrado recuerda además la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre los puestos cubiertos mediante libre designación. Aunque reconoce que la Administración dispone de margen para cesar a quienes ocupan estos cargos, insiste en que esas decisiones deben estar debidamente fundamentadas y no pueden responder a criterios arbitrarios.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.