La organización agraria UCCL ha pedido a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y a Europa "medidas urgentes" ante la escalada del precio del gasóleo agrícola que, desde que comenzara el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha encarecido un 30%. UCCL ha reconocido un "patrón" producto de la especulación en el que "el agricultor paga la factura", mientras que el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional a través de los impuestos.

"Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 euros (por litro) o pagarlo a 1,18 euros sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos", señalan, recordando a su vez que con la invasión rusa de Ucrania este combustible agrícola llegó a los 1,7 euros por litro.

Acciones preventivas

La formación advierte de que este contexto exige "actuaciones preventivas urgentes", como reducir los impuestos de este combustible, la devolución acelerada del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y su posterior sustitución por un mecanismo de descuento en poste.

También ha planteado "un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro", el uso de las reservas estratégicas si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible y la elaboración de un inventario energético sectorial que permita identificar consumos susceptibles de transición hacia fuentes renovables.

"Si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo".

El 25% del coste, impuestos

El sindicato agrario también ha incidido en que el 25% del precio final del gasóleo agrícola son impuestos, fundamentalmente el IVA y IEH, un impuesto complejo de gestionar y que se suele devolver "muy tarde". 

Asimismo, ha mostrado su temor porque el encarecimiento del combustible se traslade a otros insumos, como los fertilizantes o la energía eléctrica, lo que además supone un aumento de los costes de producción, por lo que ha reclamado velar por el correcto funcionamiento de la Ley de Calidad Alimentaria, que compense el aumento de costes de los productores.