La Comisión de Consumo del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una iniciativa para frenar las llamadas spam desde los teléfonos fijos. Esta propuesta, impulsada por Sumar, contó con el respaldo de PP, Junts y ERC, aunque no del PSOE. La propuesta, aprobada con 19 votos a favor y 16 en contra (PSOE, Bildu y Vox), además de la abstención de PNV y Podemos, se integrará en el dictamen sobre el proyecto de ley de servicio de atención a la clientela. Este último fue aprobado con 20 votos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV y Podemos.

La enmienda aprobada impone a las grandes empresas la obligación de utilizar un prefijo para sus llamadas comerciales, diferente al que usarán para atender a sus clientes. Las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas provenientes de "números de tarifas especiales o inteligentes" que no empleen estos códigos o que generen sospechas de incumplimiento de la norma.

Para ello, deberán identificar estas llamadas mediante procedimientos técnicos que deberán desarrollar y comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en un plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien defendió estas enmiendas desde mayo, ha expresado su satisfacción en redes sociales por este "paso decisivo" para acabar con las llamadas spam. "Con mucho trabajo y mucho diálogo avanzamos por el interés general", explicó Bustinduy, habiendo abogado por medidas para combatir las llamadas spam desde los fijos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital, ya había obligado en junio a las compañías de telecomunicaciones a bloquear las llamadas comerciales desde móviles, pero este tráfico se ha desviado a numeraciones con prefijos geográficos nacionales.

La enmienda también incluye la posibilidad de eximir de la aplicación de parte de la norma a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos con una cuota de mercado inferior al 5%. El dictamen, que se votará en pleno a mediados de noviembre, incluirá también una enmienda respaldada por PSOE y Sumar con nuevas regulaciones al sector del juego, y una enmienda transaccional que permitirá resolver consultas y quejas si el cliente no aporta toda la información en diez días.

La norma, si se aprueba, introducirá novedades ya acordadas en la fase de ponencia, como la obligación de garantizar atención en las lenguas cooficiales en las comunidades bilingües. Los portavoces de los grupos nacionalistas celebraron el derecho a ser atendido en catalán, gallego o euskera en territorios con lengua cooficial, derecho que se extenderá al sector financiero, que deberá contar con personal preparado.

En su conjunto, la norma afectará a las grandes empresas, que deberán ofrecer a sus clientes atención gratuita, humana y accesible. Se aplicará a empresas con más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros, o cuyo balance supere los 43 millones, así como a las que prestan servicios básicos de interés general, como energía, agua, telecomunicaciones, transporte o banca. Además, prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots y exige que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos.