El informe jurídico de la letrada mayor de las Cortes, firmado por Laura Seseña, se inclina por que la Mesa, que se reúne este martes a partir de las 10.30 horas, no admita a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrado por la Junta el pasado 15 de octubre, al no contar con un límite de gasto no financiero aprobado previamente y por no respetar la "autonomía" del legislativo para fijar sus cuentas y las de las instituciones propias. 

"Las Cortes de Castilla y León no pueden poner en marcha dicho procedimiento legislativo ni, por consiguiente, tramitar este concreto proyecto de ley", sostiene el documento jurídico al que tuvo acceso Ical y que tendrán los miembros de la Mesa para adoptar una decisión, si bien los socialistas y Vox, con cuatro miembros en este órgano colegiado han apuntado ya a que no debe tramitarse el actual proyecto de ley y, por tanto, debe devolverse a la Junta, lo que abre un escenario inédito en la historia de la Comunidad.

Asimismo, el informe de los servicios jurídicos de la cámara señala que el proyecto presupuestario no atiende a lo recogido en la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, que contempla la "previa aprobación" por las Cortes de Castilla y León del acuerdo por el que se fija el límite de gasto no financiero para el.

Esto recuerda el documento jurídico de la cámara no se ha cumplido al aprobarse el proyecto de ley en un Consejo de Gobierno extraordinario el pasado 14 de octubre sin que se haya debatido y, en su caso aprobado, el 'techo de gasto' que figura en el orden del día del pleno de las Cortes que comienza este martes y finaliza mañana, ya que la Junta adoptó el acuerdo sobre esta cuestión con una diferencia de cinco días naturales, el pasado 9 de octubre.

De hecho, el informe señala que la aprobación del acuerdo del 'techo de gasto' es la "primera fase" de todo el procedimiento presupuestario antes de iniciarse el trámite legislativo con la presentación de las cuentas a las Cortes, algo que se produjo el pasado 15 de octubre, "un día después" de que venciera el plazo fijado por el Estatuto de Autonomía. De hecho, señala que la ley de Castilla y León de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria indica que la aprobación del 'techo de gasto' debe ser previa a la tramitación de los presupuestos.

Igualmente, recoge Ical, la letrada mayor de las Cortes recuerda que la Junta reconoce esto en su propia orden del pasado 25 de julio por la que dicta las normas para la elaboración de los presupuestos. Asimismo, en la presentación del pasado 15 de octubre en el registro de la cámara el Ejecutivo también admite que no puede ser tramitado por las Cortes ahora al señalar que lo presenta "a los efectos de su tramitación una vez esté aprobado el límite de gasto no financiero por las Cortes".

De la misma forma, el informe explica que si se rechaza el 'techo de gasto', que se vota este miércoles, aunque la abstención del Grupo Socialista garantiza que saldrá adelante, la Junta tendría que presentar un nuevo acuerdo a las Cortes y, a ese documento, ajustarse unos nuevos presupuestos de la Comunidad. 

"Es, por tanto, un requisito sine qua non a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del presupuesto la aprobación previa por las Cortes de Castilla y León del límite del gasto no financiero; límite de gasto, que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, marca el techo de asignación de recursos de los Presupuestos de Castilla y León para que pueda empezar a tramitarse el proyecto de ley de presupuestos en las Cortes", señala la letrada.

Autonomía del legislativo

Por otra parte, la letrada mayor apunta que el proyecto registrado recoge una sección 20, relativa a las Cortes y las instituciones propias, que no se ajusta al principio de "autonomía presupuestaria" del legislativo que reconoce el Estatuto de Autonomía, así como las leyes relativas al Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social (CES). Además, recuerda que esta cuestión es "esencial" para que el parlamento pueda llevar a cabo sus funciones, la de elaborar leyes y la de controlar al Ejecutivo "sin injerencias".

"Es, en consecuencia, una de las garantías básicas del principio de separación de poderes, fundamento de nuestro sistema democrático, porque, sin ella, sin la autonomía presupuestaria o financiera de la Cámara, la independencia del Parlamento en todo lo demás sería puramente nominal, ya que la Junta de Castilla y León acabaría condicionando su acción", alega el informe.

"Las Cortes de Castilla y León no son una institución de autogobierno más, sino que son el poder legislativo de la Comunidad, por lo que su autonomía no está a su servicio ni es disponible, sino que está al servicio del efectivo funcionamiento de la separación de poderes, no es, por tanto, un privilegio, sino un deber que se tiene que cumplir, respetar y defender", añade.

De esta forma, explica que de acuerdo al Reglamento de las Cortes es la Mesa la que debe aprobar sus presupuestos y "sólo después", con coordinación necesaria de la Junta, remitirse al Ejecutivo para que los incorpore a su proyecto presupuestario "sin introducir modificación alguna en el mismo". Como no se ha aprobado todavía, tras el 'no' del pasado 15 de octubre, señala que las cuentas registradas incluyen "un vicio que deberá ser subsanado con una nueva presentación", pero una vez haya sido aprobado por las propias Cortes el límite de gasto no financiero y el proyecto de presupuestos de la Sección 20.