La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, a partir de este mes de agosto, una campaña de vigilancia y control de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos de alquiler de viviendas en todas las provincias de la Comunidad para proteger los derechos de los usuarios y garantizar que reciben información veraz, clara y suficiente en el contrato alquiler de vivienda habitual.

La campaña, que se está llevando a cabo también en otras comunidades autónomas, se extenderá hasta el próximo mes de octubre a través de la Inspección de Consumo de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía de todas las provincias, "asegurando que la acción de control sobre los servicios que prestan las agencias inmobiliarias en el alquiler de vivienda habitual se despliega por todo el territorio", según han explicado desde el Ejecutivo regional.

El punto central de esta campaña radica en los cambios introducidos en la legislación sobre los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler de una vivienda para residencia habitual, ya que estos gastos deben ser asumidos por el arrendador y no por el arrendatario. Esto implica que las agencias inmobiliarias no pueden cobrar estos gastos a quienes alquilen o pretendan alquilar una vivienda cuyo fin sea satisfacer su necesidad permanente de hogar.

Las agencias inmobiliarias sí pueden cobrar a los consumidores ciertos gastos por servicios específicos, pero siempre que estos hayan sido solicitados expresamente por el consumidor, que estén justificados y documentados, y que no constituyan una práctica comercial desleal con los consumidores ni una cláusula abusiva.

Las actuaciones de inspección se basarán en el control de la documentación que las agencias inmobiliarias deben conservar y facilitar a los inspectores de consumo. Se analizarán cuestiones como las comunicaciones comerciales, contratos de servicios de intermediación, contratos de reserva, contratos de servicios adicionales y facturas. Se verificará cómo se registran o hacen referencia a los gastos de intermediación por la gestión y formalización de los contratos de arrendamiento, así como a cualquier otro gasto que la agencia inmobiliaria impute al consumidor que alquila o pretende alquilar una vivienda.

Para ello, en cada una de las inspecciones se requerirá a la agencia inmobiliaria, al menos, los últimos diez expedientes de alquiler de viviendas en los que la mercantil haya intervenido. Asimismo, podrán efectuarse actuaciones inspectoras sin que el inspector desvele en un principio su condición para solicitar información para alquilar una vivienda.