El Gobierno español aprobará un real decreto que adapta la normativa nacional a la directiva europea sobre el cálculo de tarifas y bonificaciones en infraestructuras viarias. Este real decreto no introduce nuevos peajes en la red de carreteras estatales, manteniendo la política de eliminación progresiva de los peajes al finalizar las concesiones y conservando los descuentos actuales, que suponen un ahorro anual de 1.400 millones de euros para los ciudadanos.

La nueva normativa europea introduce cambios en el cálculo de tarifas, incluyendo la posibilidad de internalizar costes por congestión y emisiones de CO2. Sin embargo, estos criterios ambientales no se aplicarán a las concesiones de autopistas de peaje existentes. Solo se tendrían en cuenta en hipotéticas nuevas concesiones.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) está adaptando sus autopistas a la directiva, que exige la eliminación gradual del sistema de viñeta para vehículos pesados para 2030. Esta medida no afecta a España, ya que no existe este tipo de gravamen.

El Gobierno mantendrá las bonificaciones existentes para vehículos ligeros y pesados, basadas en la habitualidad, y aplicará los mismos criterios para futuras bonificaciones. Desde 2018, se han liberado de peaje más de 1.000 kilómetros de autopistas estatales (de un total de 2.530 km).

Además, se aplican descuentos en tramos de autopistas como la AP-9, AP-66 y AP-68. Según datos oficiales, estos descuentos han supuesto un ahorro para los usuarios de más de 330 millones de euros en la AP-9, 46,8 millones en la AP-66 y 92 millones en la AP-68.