El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada en España del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado agosto sin ser detenido, ante la posibilidad de que se cometiesen varios delitos.

El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir "la participación de otros responsables no aparentes en los delitos" de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, y por ello remite los informes a los juzgados de Barcelona "a los efectos legales oportunos".

Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención vigente, apareció el pasado 8 de agosto en Barcelona y dio un breve discurso en el paseo de Lluis Companys, a pocos metros de un amplio dispositivo policial, desplegado para la investidura del socialista Salvador Illa; después, logró escabullirse entre los congregados sin ser detenido y consiguió salir de España.

El juez del Supremo pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d'Esquadra y, tras recibir sendos informes, ha llegado a la conclusión de que estos "no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección" del expresidente autonómico hasta el escenario donde dio aquel discurso.

Admite que el informe de los Mossos expresa "la dificultad de abordar la detención" de Puigdemont "en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga", si bien no ve esos "impedimentos" en detectar al expresident en dichos momentos.

Este informe, dice Llarena, tampoco refleja la "imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional".

Todo ello, afirma el magistrado, "impide excluir la participación de otros responsables no aparentes" en los mencionados delitos.
Tres agentes de los Mossos d'Esquadra fueron detenidos por ayudar supuestamente a huir a Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición y dos de ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo de forma cautelar. Al tercero no se le abrió expediente disciplinario, a diferencia de los otros dos, por estar de baja.

Uno de los agentes detenidos es el propietario del vehículo con el que huyó Puigdemont, aunque en su caso alegó que prestó el coche a una amiga que va en silla de ruedas, que era la mujer que conducía cuando el expresident logró fugarse sin ser detenido.

En el informe que remitieron al Tribunal Supremo sobre el dispositivo fallido para arrestar a Puigdemont, los Mossos admiten que la "maniobra de distracción" del expresidente catalán, en un movimiento que "escapa a toda lógica racional o política", les sumió en una situación de "confusión" e "incertidumbre" que impidió detenerle.