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Castilla y León revalida en 2023 el liderazgo nacional en atención a la dependencia
El XXIV Observatorio de la Dependencia constata que la Comunidad continúa incrementando los parámetros elementales del sistema
La comunidad de Castilla y León sigue siendo la referencia nacional en cuanto a atención a la dependencia. Así lo atestigua el informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, analizando un ejercicio donde ha introduciendo nuevos parámetros de valoración para elaborar la clasificación por comunidades y en el que Castilla y León obtiene un 8,3 de nota.
Los datos, correspondientes a 2023, muestran cómo la Comunidad asumió 8.416 nuevos dependientes, que supone un 7,37 % más que la media nacional. Esto se traduce en la concesión de 14.681 nuevas prestaciones, de las cuales el 41% pertenecen a nuevos servicios de Teleasistencia —6.049 más— y el 32% a prestaciones económicas vinculadas a un servicio —lo que equivale a un aumento de 4.695—. Precisamente, estas ayudas ocupan el 31,4 % de la cartera de servicios de Castilla y León, frente al 11% del resto de comunidades, con un coste medio de 363,31 euros.
El Observatorio califica el sistema de Atención a la Dependencia castellano y leonés como de 'plena atención', ya que existe una casi total correspondencia entre el número de personas valoradas con derecho —122.746— y el de personas atendidas —122.589—.
Además, en cuanto a generación de empleo directo, la Comunidad también se sitúa como la líder del resto de autonomías, con 39.474 puestos de trabajo creados y una tasa de generación de empleo de 65,9 puestos por millón de euros invertido. Ello implica que el sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León es el más eficiente y equilibrado en comparación con el conjunto de España.
El año pasado, se generaron 2.743 puestos de trabajo directos para atender a los 8.416 nuevos dependientes dentro del sistema, cifras manifiestamente positivas que hacen del modelo castellano y leonés un ejemplo exportable a otros territorios.
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Ninguno de estos municipio ha sido sancionado aún por incumplir la ley sobre esta materia, aprobada en 2022, y que recoge sanciones de hasta 10.000 euros