La Diócesis de Salamanca se ha pronunciado este viernes tras la denuncia de un sacerdote salmantino que afirma "haber sufrido presuntamente abusos sexuales, cuando él era menor, por parte de otro presbítero". Por ello, que fuentes diocesanas aseguran que en la actualidad existe un proceso canónico abierto.

Al conocer este hecho, el obispo de Salamanca, José Luis Retana, y después de escuchar a ambas partes por separado, tomó la decisión de apartar a este presbítero de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores. Además, este presbítero -de mutuo acuerdo con el obispo- comenzó un "proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes".

A pesar de ser un delito prescrito en la legislación española, el obispo puso en marcha el protocolo establecido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para estos casos, escuchando al denunciante. En los meses siguientes, "se inició una investigación previa por un equipo técnico ajeno a la Diócesis de Salamanca", explican en un comunicado. 

El informe final de esta investigación fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en Roma, y en la actualidad, el proceso continúa abierto a la espera de una resolución. En todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria. Y a petición suya, y de acuerdo con el obispo, decidió "irse un año fuera de la diócesis, situación que ha sido prorrogada por un tiempo".

Recientemente, el presbítero denunciado ha firmado la recepción de la notificación por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe de su dimisión del estado clerical, es decir, su secularización.

La Diócesis de Salamanca manifiesta su compromiso para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas, y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir. Además, lamenta "el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades".

Asimismo, la diócesis alienta a quienes hayan sufrido cualquier tipo de abusos por parte de sacerdotes, religiosos o laicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado o la Oficina diocesana para la Protección de Menores.