El arzobispo de Valladolid defiende la recuperación del "bien común", y cuestiona algunas de las leyes sobre género y aborto aprobadas en la última década
Piden 11 meses de cárcel por coaccionar a su exmujer a la que envió 978 emails
El acusado tiene además una orden de alejamiento de la víctima y prohibición de comunicarse con ella
La Fiscalía solicita 11 meses de prisión para un hombre por un delito de coacciones leves a su exmujer, a la que llegó a enviar casi mil correos electrónicos.
El caso procede del Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo y se juzgará en el Juzgado Penal Nº2 de Lugo el próximo martes. Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante 13 años. Se casaron en 2005 y en 2018 cesaron la convivencia, acordándose el divorcio en noviembre de 2019.
Desde el cese de la convivencia y con mayor intensidad a partir del mes de agosto de 2019, el acusado envió desde su cuenta de correo electrónico numerosos correos electrónicos a la cuenta de su exmujer, que llegó a tener 978 correos en su bandeja de entrada enviados por el acusado.
"Este comportamiento del acusado estaba motivado por la decisión de la denunciante de poner fin a la relación de pareja que mantenían y tenía por finalidad coartar su libertad impidiéndole el normal desarrollo de su vida".
Además, por auto de 2 de marzo de 2021, se acordó la orden de protección, por la que se le impuso al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de la víctima, así como la prohibición de comunicarse con la misma por cualquier medio.
Por todo ello, la Fiscalía pide ahora para el hombre 11 meses de prisión por un delito de coacciones leves, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de comunicarse con su ex mujer durante tres años (descontando el tiempo cumplico con carácter cautelar).
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En su escrito también considera "carente de lógica y racionalidad" la medida de hacer comparecer en el juzgado cada 15 días a la esposa del presidente del Gobierno
El alto tribunal también rechaza suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que se puso en marcha el proceso de regularización








