La precampaña electoral ha comenzado y, con ella, vuelve a aparecer uno de los riesgos que más daño hacen a nuestra democracia: la tentación de convertir la discrepancia política en un enfrentamiento permanente. Cuando todavía faltan semanas para el inicio oficial de la campaña, las calles ya se han convertido en escenario de tensión, los enfrentamientos ganan protagonismo y la polarización amenaza con desplazar del debate público aquello que realmente debería importar a los ciudadanos.

Lo que estamos viendo en Madrid, con los episodios de tensión en torno a la acampada de la Puerta del Sol y los incidentes registrados entre grupos enfrentados ideológicamente, debería invitarnos a una reflexión colectiva. No se trata de negar el derecho a protestar ni de cuestionar las reivindicaciones de quienes salen a la calle para defender sus ideas. La protesta forma parte de una sociedad libre y es, además, una herramienta legítima para expresar el descontento. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta es que el espacio público termine convertido en un territorio de confrontación permanente.

La libertad de expresión no puede depender de quién habla, del partido al que pertenece o de la ideología que defiende. Por eso, no entendemos el boicot a un acto político de VOX, del mismo modo que tampoco entenderíamos que se intentara impedir una convocatoria de Podemos o de cualquier otra formación de izquierdas. La discrepancia es legítima; el intento de silenciar al adversario mediante la intimidación o la violencia no lo es. En democracia, las ideas se combaten con ideas, los argumentos se responden con argumentos y las propuestas se confrontan con propuestas.

Este principio no admite excepciones ni puede aplicarse de manera selectiva. La violencia no es menos grave porque la ejerzan quienes comparten nuestras ideas, ni resulta más aceptable porque se dirija contra quienes piensan de manera diferente. Tampoco cabe minimizar unos incidentes y condenar otros en función de la identidad política de sus protagonistas. Si queremos preservar una convivencia democrática sólida, debemos exigir el mismo respeto a las reglas a todos, sin dobles varas de medir ni justificaciones interesadas.

La misma reflexión sirve para analizar la situación de la Puerta del Sol. El derecho de reunión y manifestación merece toda la protección que corresponde en una democracia, también cuando las reivindicaciones resultan incómodas para el poder político o para una parte de la sociedad. La vivienda es, sin duda, uno de los grandes problemas del país y merece un debate serio, respuestas concretas y medidas eficaces. Precisamente por eso, resulta preocupante que las reivindicaciones ciudadanas queden eclipsadas por la tensión, los enfrentamientos y la pugna partidista. Una protesta puede y debe tener voz, pero su continuidad, sus condiciones y sus posibles consecuencias para el espacio público también deben abordarse desde el respeto a la legalidad y a los derechos de todos.

No podemos normalizar que cada desacuerdo termine en una batalla en las calles, que cada convocatoria política se convierta en una prueba de fuerza o que cada episodio de violencia sea interpretado como una oportunidad para desacreditar al adversario. Ese camino solo conduce a una sociedad más dividida, en la que cada ciudadano termina escuchando únicamente a quienes piensan como él y considerando al resto no como rivales democráticos, sino como enemigos.

Y ese es, precisamente, el escenario que deberíamos evitar cuando nos acercamos a una cita electoral. Todavía queda tiempo para que la campaña entre en su fase oficial. Tiempo suficiente para que los partidos expliquen sus prioridades, presenten sus programas y detallen qué quieren hacer con los grandes asuntos que preocupan a los españoles. La vivienda, el empleo, la sanidad, la educación, la fiscalidad, la seguridad y la situación económica necesitan respuestas. Los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y a comparar las alternativas antes de acudir a las urnas.

Sin embargo, existe el riesgo de que la confrontación vuelva a ocupar todo el espacio. La descalificación es más sencilla que la explicación; el enfrentamiento genera más ruido que el debate sereno, y la polarización puede resultar rentable a corto plazo para quienes buscan movilizar a sus seguidores desde la indignación. Pero lo que puede beneficiar a una estrategia partidista termina perjudicando al conjunto de la sociedad cuando impide abordar los problemas reales.

Los partidos tienen una responsabilidad especial en este momento. No basta con reclamar moderación al adversario mientras se alimenta la crispación propia. No basta con condenar la violencia cuando procede del otro lado y guardar silencio cuando afecta a los nuestros. La coherencia democrática exige algo más: defender las libertades incluso cuando las ejerce quien discrepa de nosotros y condenar los comportamientos intolerables con independencia de quién los protagonice.

La democracia no consiste en que todos pensemos igual. Consiste, precisamente, en que podamos pensar de manera diferente, defender nuestras convicciones y participar en la vida pública sin miedo a ser intimidados o silenciados. El pluralismo no es un obstáculo que haya que superar, sino una realidad que debemos proteger.

Por eso, esta precampaña debería servir para elevar el nivel del debate, no para rebajarlo; para escuchar propuestas, no para alimentar trincheras; para explicar soluciones, no para multiplicar los enfrentamientos. España necesita una competición política exigente, con diferencias claras entre los proyectos y con una discusión firme sobre las decisiones que deben adoptarse. Lo que no necesita es que la violencia, los boicots y la polarización se conviertan en los protagonistas de una campaña que ni siquiera ha comenzado oficialmente.

La política debe ofrecer respuestas a los ciudadanos, no añadir más tensión a sus vidas. Y quienes aspiran a representarlos tienen la obligación de recordar que la democracia se defiende todos los días, también cuando el que habla, protesta o convoca un acto es alguien con quien no compartimos absolutamente nada.