Los firmantes contrastan esta situación con la de Castilla y León, donde, según denuncian, distintas entidades y partidos políticos han presentado propuestas legislativas en las Cortes durante las últimas cuatro legislaturas sin que se haya aprobado una ley autonómica. Las organizaciones atribuyen este bloqueo al Partido Popular, al que acusan de haber retrasado la aprobación de la normativa al amparo de su mayoría parlamentaria, tanto en solitario como en los gobiernos de coalición con Ciudadanos y Vox.

Las entidades también advierten de que la existencia de una legislación estatal no exime a la Administración autonómica de asumir sus propias responsabilidades. En concreto, recuerdan que la Ley 4/2023 no sustituye las competencias de la Comunidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la familia, el deporte o la cultura, además de otras áreas de la Administración.

Por ello, lamentan que Castilla y León se haya quedado "nuevamente a la cola de la realidad social de las personas que viven en su tierra" y reclaman a la Junta que impulse una normativa propia que responda a las particularidades de la Comunidad y garantice los derechos del colectivo.

La carta está firmada por Segoentiende, Fecylgtb, Fundación Triángulo Castilla y León, Chiguites LGTB+ Palencia, Espacio Seguro Burgos, CCOO Castilla y León, Chrysallis Castilla y León, Iguales Salamanca, ATC Rainbow Valladolid, Dialogasex y Movimiento contra la Intolerancia.