La familia de Matías, alumno del CEE Carrechiquilla de Palencia, ha iniciado los trámites para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia que reconoce su derecho a contar con un mediador comunicativo, ante la ausencia de este recurso en el centro.

Consideran insuficiente la respuesta ofrecida por la Dirección Provincial de Educación, con la que mantuvieron una reunión el pasado 16 de marzo, y que, a su juicio, no ha dado cumplimiento a lo establecido judicialmente.

La familia denuncia que la administración sostiene que la figura del mediador comunicativo no existe en el ámbito educativo, una afirmación que califican de "falsedad administrativa" al recordar que la propia Junta de Castilla y León ha licitado este servicio para el curso 2025/2026 con un presupuesto de 800.000 euros.

En este sentido, critican que, en lugar de contratar este perfil, se haya optado por asignar únicamente diez horas de una docente de Audición y Lenguaje sin formación en Lengua de Signos Española, una medida que consideran "insuficiente" y que, además, aseguran que desconocían hasta esta misma semana.

"El perfil de un especialista en Audición y Lenguaje no sustituye al mediador", aseguran, al tiempo que rechazan el argumento de la Administración de limitar el apoyo para evitar una supuesta "dependencia". "La dependencia se genera precisamente cuando no se dispone del recurso necesario para comunicarse", explican.

Frente a esta situación, la familia ha querido destacar la implicación del CEE Carrechiquilla, que ha tenido que reorganizar sus propios recursos para atender al alumno. En concreto, el centro ha reasignado a una docente con formación en lengua de signos, pese a que sus funciones habituales no corresponden a la mediación comunicativa.

No obstante, consideran que esta solución es únicamente un "parche temporal" que no garantiza la continuidad del apoyo en el futuro y critican que sea el propio centro el que deba asumir una responsabilidad que corresponde a la Administración.

Por último, la familia ha cargado contra la gestión de la Dirección Provincial de Educación, a la que acusa de ofrecer una respuesta "precaria" y de trasladar la responsabilidad a un equipo docente "al límite de su capacidad".

A su juicio, el caso de su hijo refleja un problema más amplio en la atención a alumnado con necesidades específicas, al considerar que se están aplicando soluciones "estandarizadas" que no responden a la realidad de cada situación.