La empresa asegura que el suelo fue descontaminado y los residuos se gestionan bajo control administrativo
Construcciones Guardo 98 defiende la legalidad de los trabajos en la antigua Fontaneda
La empresa asegura que el suelo fue descontaminado y los residuos se gestionan bajo control administrativo
La empresa Construcciones Guardo 98 S.L. ha negado cualquier actuación irregular en los trabajos que se están llevando a cabo en el antiguo solar de la fábrica de Galletas Fontaneda, en Aguilar de Campoo, y defiende que todas las actuaciones se desarrollan con plena sujeción a la legalidad vigente y bajo supervisión de las administraciones competentes.
A través de un comunicado, la mercantil, promotora de las viviendas proyectadas en estos terrenos, sostiene que el derribo de la antigua fábrica, ejecutado en 2014, y "en el que en modo alguno intervino" se realizó tras el correspondiente expediente administrativo y con la completa retirada de materiales peligrosos, incluido el amianto.
Según explica, este proceso permitió que el suelo pasara de uso industrial a residencial, un cambio urbanístico que solo es posible cuando se acredita la descontaminación conforme a la normativa aplicable.
En relación con los trabajos actuales de excavación y movimiento de tierras, la empresa asegura que cuenta con "todas las autorizaciones" necesarias de los organismos competentes en materia de medio ambiente, urbanismo y patrimonio.
Añade que los materiales extraídos están siendo "sometidos a un proceso previo de valorización para su conversión en ecoáridos" y que su traslado a una parcela municipal se realiza a petición de la entidad local y con trazabilidad documentada.
Construcciones Guardo 98 subraya además que esta actividad se encuentra sometida a un control activo y continuado por parte de la administración ambiental, lo que garantiza el seguimiento oficial de los residuos gestionados y descarta riesgos para la salud o el entorno.
La empresa considera que las informaciones difundidas en los últimos días han causado un "evidente daño reputacional" y mantiene que su actuación se rige por protocolos estrictos de cumplimiento normativo y prudencia técnica, reservándose el ejercicio de las acciones legales que estime oportunas.
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