Pero vamos a ver, ¿esto que se investiga es de cuando era director provincial, mientras estaba en el cargo?

Acabo de oír el audio de Radio Nacional, a primera hora de ayer, a partir del minuto 3, y dicen claramente que existe un procedimiento penal, que está investigado y que tiene que declarar en marzo. Él lo niega todo, pero no desmiente que tenga que ir al juzgado como investigado. O sea, que no era un invento ni un bulo. Madre mía.

O sea, que sí hay un procedimiento penal. La semana pasada parecía todo un invento, pero hoy resulta que no. Como es el primer caso de alguien con poder que lo niega todo, nos hemos descolocado. Si lo niega, asunto resuelto. Y a quienes denunciaron, ya se sabe: ¿en qué estarían pensando? En fin, así nos va, mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Curioso. De las posibles personas afectadas no se dice nada, nadie se pone en su lugar. La semana pasada todo era un bulo y una campaña, y hoy Radio Nacional informa de que sí existe un procedimiento penal por presunto acoso laboral o sexual mientras ejercía el cargo. Debe de ser una confusión colectiva. Tiene que declarar en marzo como investigado, no como testigo, pero aun así parece que el foco está en lo mal que lo pasa él. Para otros, con bastante menos, se piden responsabilidades inmediatas. En este caso, paciencia infinita y comprensión máxima. Será que cuando alguien con poder es investigado judicialmente, las posibles personas afectadas desaparecen del relato y solo queda una versión. Casualidades.

Buenas.Gracias a la Dirección de Tribuna palencia.com...El mensaje enviado en este Medio Digital, el 20-01-26 - 2:52:34, por motivos que supongo fueron debidos al * Seleccionar y copiar* o al mover el Cursor, no quedaron anexos. Intento colocarlos aquí ...! En España, el hecho de difundir información veraz (como datos de un juzgado o de la vida privada) mediante carteles u octavillas no exime de responsabilidad legal. Aunque la información sea "real", su publicación puede constituir delitos graves contra la intimidad o la revelación de secretos si no existe un interés público que lo justifique. A continuación se detallan las posibles condenas y responsabilidades para 2026: 1. Responsabilidad Penal (Cárcel y Multas) La difusión de datos de diligencias judiciales o información privada sin consentimiento suele encuadrarse en el delito de descubrimiento y revelación de secretos (Art. 197 del Código Penal). Pena de prisión: Generalmente de 1 a 4 años por descubrir y difundir secretos ajenos. Difusión de datos reservados: Si se trata de datos registrados en ficheros (como los de un juzgado) y se difunden sin autorización, la pena puede ser de 2 a 5 años si hay perjuicio para el afectado. Multas: Además de la cárcel, se imponen multas económicas que suelen oscilar entre 12 y 24 meses (cuotas diarias fijadas por el juez). 2. Responsabilidad Civil (Indemnizaciones) Independientemente de la condena penal, la víctima puede ejercer acciones basadas en la Ley Orgánica 1/1982 de protección del honor, la intimidad y la propia imagen. Indemnización por daños morales: El autor de los carteles puede ser obligado a pagar una compensación económica a la víctima por el perjuicio causado a su reputación o intimidad. Cese de la actividad: El juez ordenará la retirada inmediata de todos los carteles y octavillas. 3. Sanciones Administrativas (Protección de Datos) Publicar nombres y datos de investigaciones judiciales en la vía pública vulnera la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD). Multas de la AEPD: La Agencia Española de Protección de Datos puede imponer sanciones administrativas muy elevadas. Para infracciones graves o muy graves, estas pueden superar los 40.000 € y llegar a cifras mucho mayores dependiendo del daño causado. 4. Aspectos Clave sobre Diligencias Judiciales Secreto de las actuaciones: Aunque un juicio sea público, las Diligencias Previas suelen estar sometidas a reserva para las partes. Difundirlas mediante pasquines puede considerarse también una quiebra del secreto de sumario si este ha sido decretado, o una obstrucción a la justicia. La veracidad no es un "escudo": El Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a comunicar información veraz no ampara la divulgación de hechos de la vida privada que carezcan de relevancia pública, especialmente si se hace de forma denigrante (como pegar carteles en paredes).