El animal, un caimán yacaré procedente de Sudamérica, fue capturado en una zona de baño y trasladado al Zoo de Madrid por tratarse de una especie amenazada
Investigados por soltar un caimán en el pantano de Almansa
El animal, un caimán yacaré procedente de Sudamérica, fue capturado en una zona de baño y trasladado al Zoo de Madrid por tratarse de una especie amenazada
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a dos personas de 29 y 35 años, vecinas de la localidad alicantina de Petrer, como presuntas responsables de la introducción ilegal de un caimán en el pantano de Almansa, en la provincia de Albacete.
Los hechos se remontan al 9 de julio de 2025, cuando agentes del Seprona, en colaboración con la Sociedad de Pescadores de Almansa y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, lograron capturar al animal, que se encontraba en una zona de baño de fácil acceso al público, lo que suponía un riesgo tanto para las personas como para el ecosistema.
El ejemplar intervenido es un caimán yacaré, una especie originaria de Sudamérica y considerada amenazada, por lo que fue trasladado y entregado a los responsables del Zoo de Madrid, donde recibirá los cuidados adecuados.
Tras la localización del animal, el Seprona inició una investigación para esclarecer cómo había llegado hasta el embalse. Después de diversas diligencias y "numerosas pesquisas", la Guardia Civil pudo confirmar la implicación directa de las dos personas investigadas, que presuntamente abandonaron el reptil en el medio natural.
Según recoge el Código Penal, los hechos podrían constituir un delito contra la flora y la fauna, castigado con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multas de ocho a veinticuatro meses. Además, por el posible delito de abandono de animales, los investigados podrían enfrentarse a multas de uno a seis meses o a trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.
Desde la Guardia Civil se recuerda que la tenencia y liberación de especies exóticas está estrictamente regulada, ya que supone un grave peligro para la biodiversidad y para la seguridad de las personas, además de conllevar importantes responsabilidades legales.
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