La Junta de Castilla y León ha prorrogado hasta el 20 de diciembre de 2027 diversas medidas contempladas en los capítulos III y IV de la Ley 10/2013 de medidas urgentes en materia de Vivienda, con el fin de seguir facilitando el acceso a un hogar a personas y familias con dificultades económicas. La decisión, respaldada por los agentes del Diálogo Social, garantiza la continuidad de políticas dirigidas a flexibilizar el pago de cuotas de compra o alquiler, ampliar la protección social en el ámbito residencial y reforzar los parques públicos de vivienda.

Las medidas del capítulo III, de carácter temporal y relativas a viviendas de titularidad pública, contemplan actuaciones como la moratoria en el pago de cuotas mensuales de compra, la restructuración de deudas, la reducción o moratoria en el abono de rentas de alquiler, y la creación de reservas de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión y para el parque público de alquiler social. También incluyen la rebaja de precios máximos de venta y arrendamiento, así como facilidades para la compra de viviendas en régimen de alquiler pertenecientes a la Administración autonómica.

Por su parte, las medidas del capítulo IV están centradas en ofrecer una respuesta urgente a la acumulación de vivienda de protección pública vacía, que genera problemas financieros y riesgos de deterioro social y físico. Entre ellas figuran la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, la flexibilización de requisitos para compradores y arrendatarios, la promoción del arrendamiento con opción a compra a 10 años, y la eliminación de la obligación de devolver ayudas en caso de subasta, dación en pago o desahucio. También se garantiza la facilitación del uso temporal de viviendas para trabajadores que deban trasladarse por motivos laborales.

La Junta subraya que la prórroga responde al compromiso de mantener políticas que "favorecen la estabilidad residencial, la protección de los colectivos vulnerables y la gestión eficiente del parque público de vivienda", y que se adopta tras el consenso alcanzado con los agentes sociales el pasado 26 de noviembre.