Los hechos se remontan al 1 de agosto, cuando una comisión judicial integrada por Guardia Civil, miembros de la Federación de Clarisas y del Arzobispado acudió al convento para trasladar a las monjas mayores a otro monasterio. Sin embargo, las religiosas habían sido llevadas previamente por sus compañeras al de Orduña (Bizkaia).

La defensa de las exmonjas interpuso entonces una denuncia en nombre de cuatro de las cinco afectadas, pero el TSJCyL la archivó por falta de concreción sobre los presuntos autores. Ahora, la Sala vuelve a desestimar la nueva querella y rechaza suspender a la jueza de Briviesca o paralizar las actuaciones judiciales relacionadas con las religiosas.

El auto reconoce que algunas decisiones procesales o de fondo pueden ser discutibles, pero subraya que "en modo alguno pueden calificarse de prevaricadoras". Además, considera "aún más improcedente" atribuir delitos de detención ilegal, falsedad documental o vulneración de derechos constitucionales, al no existir indicios que los sustenten.

El tribunal llega incluso a calificar de "sencillamente estrambótico" el intento de considerar una detención ilegal unas medidas judiciales de protección de personas discapacitadas. Contra esta resolución cabe recurso de súplica.