Castilla y León cerró 2023 con una deuda acumulada de 13.865 millones de euros, lo que supone 5.825 euros por habitante, un 4,1% más que en 2022, según el informe del Consejo de Cuentas, ya remitido a las Cortes autonómicas. El estudio señala que, en términos de ingresos corrientes, la deuda se situó en el 140%, casi treinta puntos menos que la media autonómica, mientras que la carga financiera alcanzó el 15,39%, seis puntos por debajo del conjunto nacional.

El informe advierte de que la Comunidad tendrá que afrontar en los próximos cinco años la amortización de 6.600 millones, prácticamente la mitad de los préstamos en vigor. A diez años, el porcentaje se eleva al 86,95% del saldo de deuda viva.

Un pasivo de casi 17.000 millones

El balance consolidado refleja un pasivo total de 16.980 millones de euros, desglosado en:

• Deudas con entidades de crédito: 10.042 millones
• Emisión de obligaciones y bonos: 3.645 millones
• Otras deudas: 770 millones
• Deuda comercial: 2.474 millones
• Pasivos por impuestos diferidos: 48 millones

El incremento del pasivo respecto al ejercicio anterior fue del 3,5%. Solo la deuda con bancos creció en 529 millones, mientras que la emitida en bonos aumentó en 31 millones y la deuda comercial en 57.

Por habitante, cada castellano y leonés soporta 5.825 euros de deuda, 210 más que en 2022 (+3,74 %), pero aún por debajo de la media nacional (6.773 euros).

En relación con el PIB, la deuda regional bajó al 19,6 %, 1,1 puntos menos que en 2022 y dos puntos por debajo del conjunto autonómico (21,7 %). La Comunidad Valenciana lidera con la ratio más elevada (41,6 %) y Navarra se sitúa en el extremo opuesto (11,8 %).

Los préstamos representan el 74 % de la deuda total (10.265 millones), principalmente con entidades financieras residentes (6.461 millones), el Fondo de Financiación Autonómica (1.966 millones) y préstamos del exterior (1.592 millones).

Recomendaciones

El órgano fiscalizador recomienda a la Consejería de Economía y Hacienda actualizar el artículo 191 de la Ley de Hacienda y del Sector Público, para incluir toda la deuda de las entidades del perímetro de consolidación.

Además, insta a vigilar los indicadores de endeudamiento y autonomía financiera, con el objetivo de reforzar los recursos propios y garantizar así la estabilidad presupuestaria en los próximos ejercicios.