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El Juzgado obliga a Sacyl a reembolsar terapias de crecimiento a dos familias de Palencia
Reconocen el derecho de los menores a recibir la hormona y critican la negativa injustificada de la sanidad pública
El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha condenado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León a reembolsar los gastos de tratamiento con hormona de crecimiento a dos familias de la provincia, después de que la sanidad pública denegara su autorización pese a contar con informes médicos favorables.
Las sentencias, dictadas con apenas unos días de diferencia, reconocen el derecho de los menores afectados a recibir este tratamiento y son firmes al no haber sido recurridas por la Administración. Según el fallo, la negativa inicial de Sacyl, avalada por un comité asesor, carecía de fundamento suficiente, ya que los menores presentaban deficiencia diagnosticada y disponían de indicaciones claras para iniciar cuanto antes la terapia.
El tribunal considera probado que el retraso en el tratamiento podría haber causado consecuencias negativas e irreversibles, lo que justificaba que las familias acudieran a la medicina privada sin perder el derecho a la cobertura pública. Por ello, ordena reintegrar los gastos derivados tanto de la compra del fármaco como de su administración.
En el caso de una de las familias, la cifra asciende a 54.037 euros, mientras que la otra ha preferido no hacer pública la cuantía.
Ambos fallos subrayan que la obligación del sistema público de salud no se limita a autorizar tratamientos, sino a garantizar su efectividad, especialmente cuando los retrasos pueden comprometer el desarrollo y la salud de pacientes en edad infantil.
La asociación El Defensor del Paciente, que ha facilitado las resoluciones, ha denunciado en un comunicado "la actuación irresponsable e intolerable de la Junta de Castilla y León en el trato de las familias con tratamientos de hormona de crecimiento para sus hijos".
Su presidenta, Carmen Flores, recuerda que "a pesar de las reiteradas sentencias favorables, incluso del Tribunal Supremo, Sacyl sigue oponiéndose al reintegro de gastos y obligando a los padres a acudir a los tribunales".
La defensa de las familias ha sido ejercida por el letrado Santiago Díez Martínez, de los Servicios Jurídicos de la asociación.
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