Ecologistas en Acción ha solicitado suspender la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada de la planta de biogás proyectada en Guardo hasta que la Junta de Castilla y León apruebe el Plan Regional de Biogás 2024-2034.

Según la organización, es necesario que el proyecto se someta a una planificación global y coherente, en lugar de avanzar de forma individualizada, sin un marco definido.

En un comunicado, la entidad ecologista subraya que la planta debería ajustarse a las condiciones que establezca dicho plan, ya que se trata de una instalación de gran envergadura que prevé tratar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, principalmente procedentes de explotaciones de porcino y vacuno.

De hecho, la capacidad máxima de gestión diaria alcanzaría las 548 toneladas, incluyendo purines, estiércoles, cadáveres de cerdo, lodos de depuradora y restos de matadero.

Ecologistas en Acción advierte de los riesgos medioambientales y para la salud pública asociados al tratamiento de estos residuos, como la emisión de gases contaminantes —metano, dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno— que, en determinadas condiciones, pueden dar lugar a sustancias como el ácido sulfúrico.

También cuestionan la proximidad de la planta al núcleo urbano; mientras que el proyecto indica que la distancia será de 1,3 kilómetros, la asociación sostiene que, en realidad, es inferior a un kilómetro, lo que incumpliría las directrices de la propia Consejería de Medio Ambiente, que recomienda una separación mínima de 1,5 kilómetros con respecto a núcleos habitados.

Otro de los aspectos señalados por la organización es la ausencia de una evaluación normalizada del impacto por olores mediante modelos de dispersión, así como la falta de un plan de transporte que determine cómo se gestionará el tránsito de camiones con residuos, especialmente en lo relativo al paso por cascos urbanos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción insiste en que la autorización ambiental no debe concederse hasta que el Plan Regional de Biogás esté aprobado y en vigor, lo que permitiría definir criterios técnicos y territoriales que aseguren una planificación racional y sostenible del sector.