El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), Jaime Espolita, ha reiterado la necesidad urgente de crear un fondo de compensación que garantice la sostenibilidad económica de las farmacias ubicadas en pequeños municipios y facilite el relevo generacional en el sector.

Espolita ha hecho estas declaraciones durante el Primer Congreso Nacional de Farmacia Rural, celebrado este fin de semana en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). El evento, organizado por la Asociación de Farmacéuticos Rurales de la Provincia de Alicante (AFARPA) y SEFAR bajo el lema 'Farmacia Rural: es pueblo, es vida', reúne a profesionales del sector para analizar los desafíos actuales y proponer soluciones.

Durante el congreso se abordan temas como la nueva legislación sobre medicamentos de uso animal, el uso de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, la dermofarmacia y, sobre todo, la situación crítica de las más de 4.400 farmacias rurales en España.

Espolita subraya que no existe una definición legal de farmacia rural, pero desde SEFAR consideran que se trata de aquellas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En zonas con menos de 1.000 residentes, la viabilidad económica es prácticamente inviable debido al actual modelo retributivo, basado exclusivamente en el número de envases dispensados.

Este sistema penaliza a las farmacias de zonas despobladas, donde la demanda es baja y el precio de los medicamentos continúa descendiendo. Por ello, SEFAR propone reformar el modelo retributivo para que también se remuneren servicios esenciales que ofrecen estas farmacias, como las guardias, el control de botiquines y el seguimiento del tratamiento de los pacientes.

"El problema es que este nuevo modelo no beneficia al 80% de las farmacias, que se encuentran en zonas urbanas o más pobladas, y por eso hay resistencia dentro del propio sector", reconoce Espolita.

Como alternativa, SEFAR plantea la creación de un fondo de compensación similar al que ya existe en países como Inglaterra, Suecia o Italia. En España, dicho fondo requeriría unos 40 millones de euros para apoyar a las más de 2.000 farmacias situadas en municipios con menos de 1.000 habitantes.

Desde 2012, más de 300 farmacias han cerrado en España, la mayoría en pequeñas localidades. A la baja rentabilidad se suma la imposibilidad de conciliar la vida personal: muchos farmacéuticos rurales no pueden permitirse vacaciones, deben hacer guardias durante hasta seis meses al año y no tienen opción de ausentarse por enfermedad o maternidad.

"La mayoría de estas farmacias están dirigidas por mujeres, que representan el 70% del total en zonas rurales", destaca Espolita, quien advierte que, sin medidas urgentes, el cierre de estas farmacias no solo afectará a la atención sanitaria, sino también a la supervivencia de muchos pueblos.