La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia trabajarán conjuntamente en la elaboración de un Plan General de Abastecimiento, que contemple las necesidades de agua de toda la provincia, así como las actuaciones a ejecutar y su priorización.

Es decir, la colaboración entre ambas administraciones incluye la construcción de las infraestructuras necesarias que surjan como resultado de la redacción del plan, y se estudiará la forma jurídica más adecuada para la administración de las instalaciones.

Se tratará, en concreto, de abastecimientos mancomunados o colectivos que garanticen las necesidades de agua potable de los municipios con problemas constatados. Para ello, se construirán o ampliarán depósitos y se buscará soluciones individuales sostenibles en los municipios en los que no sea posible su conexión a los sistemas colectivos.

El futuro Plan ya parte con una relación inicial de necesidades, por lo que de forma previa a su redacción se creará un grupo de trabajo con dos técnicos de cada administración.

"Tenemos un problema de escasez de agua que tenemos cuidar; así lo exige la normativa europea y ambiental, y también problemas de calidad y cantidad de agua, sobre todo en época de estiaje, que debemos solucionar", ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Para la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el acuerdo es "muy importante porque se sientan las bases para dar soluciones sostenibles a los municipio que garantizan el servicio y la calidad del agua en la provincia de Palencia, y porque implicamos al conjunto de técnicos de ambas administraciones".

El agua se recogerá del norte de la provincia de Palencia, abasteciendo de esta manera a la zona sur, donde existen más problemas para los municipios.

El coste de las infraestructuras se repartirá en un 40 por ciento de la Junta, el mismo porcentaje de la Diputación y un 20 por ciento el Ayuntamiento dónde se sitúe la instalación, que podrá financiar su parte en un periodo de hasta 25 años a través de la empresa pública Somacyl.