El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que contempla la regulación del precio del alquiler, afronta este jueves su primera votación en el Congreso, con casi toda la oposición pidiendo su retirada, lo que anticipa una nueva votación ajustada a otro de los proyectos 'estrella' del Gobierno.

Y es que el PP (88 votos), Ciudadanos (9), el PNV (6), el PDeCAT (4) y Junts (4) han registrado sendas enmiendas de totalidad pidiendo la devolución de la iniciativa, y es previsible que a ellos se les sumen Vox (52), Foro Asturias (1), los dos exdiputados de UPN y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero, lo que sumaría 164 votos.

ERC PRESENTA UNA ALTERNATIVA PARA LLEVAR MÁS LEJOS LA LEY

Pero, además, Esquerra Republicana ha registrado una enmienda a la totalidad, en su caso para sustituir la ley del Gobierno por un texto alternativo que incide en medidas como la regulación de precios del alquiler, la normativa antidesahucio y unos recargos en el IBI para vivienda vacía.

La propuesta de ERC elimina cualquier regulación de urbanismo por posible conflicto competencial, garantiza la suspensión de un desahucio si no existe propuesta previa de alquiler social y equipara la regulación de precios del alquiler a la existente en Cataluña, respetando la competencia autonómica.

El próximo jueves habrá dos votaciones, una sobre el texto alternativo de ERC, que no saldrá adelante por falta de apoyos, y otra sobre las demás enmiendas, y si ahí los trece votos de Esquerra se suman a quienes piden devolver el proyecto al Gobierno, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el Pleno.

PP: ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA LIBERTAD DE EMPRESA

Para rechazar el proyecto del Gobierno, el PP recuerda el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sostiene que la regulación afecta a una "materia de titularidad autonómica" y "limite" su competencia, y asegura que se trata de "una propuesta claramente lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos".

En su enmienda de totalidad, los 'populares' lamentan la "naturaleza marcadamente intervencionista" de la ley, que "ataca el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa", afectando "muy negativamente al sector inmobilario" y perjudicando "tanto a los inquilinos como a los propietarios".

CAMBIOS "INCOHERENTES" Y "COSMÉTICOS" PARA Cs

Por su parte, Cs carga en su enmienda contra la reforma del Gobierno asegurando que "los principios y el espíritu" de la misma "son incoherentes, cosméticos e inidóneos para guiar las políticas públicas de vivienda y garantizar el acceso a la misma para todos los ciudadanos".

Ambas formaciones critican la regulación de los precios del alquiler, pero también la habilitación para fijar recargos en el IBI en viviendas vacías, llegando a acusar el PP al Gobierno de fomentar la 'okupación' de viviendas con su propuesta, considerando la prohibición de desahucios un "blanqueamiento pernicioso" de la misma.

Cs aclara que, pese a incluirse como un hito a cumplir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la devolución de la iniciativa "no supondría obstáculo para el cumplimiento del hito", ya que el Gobierno tiene "tiempo más que suficiente" para presentar una alternativa y poder aprobarla antes del 30 de septiembre de 2022.

PNV, PDeCAT Y JUNTS VEN INVASIÓN DE COMPETENCIAS

El PNV, por su parte, rechaza la propuesta al considerar que "incurre en evidentes excesos", al asegurar que "la vivienda es una materia de titularidad autonómica", tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que identifica como función autonómica regular para atender intereses relacionados con una vivienda digna.

También justifica su rechazo el PDeCAT en una "invasión competencial", además de considerar como "negativo" el impacto que puede tener la legislación propuesta por el Gobierno para la oferta de vivienda de alquiler.

Por otro lado, Junts buscará tumbar la Ley de Vivienda por considerar el proyecto "una absorción competencial, total, forzada y artificial", pues supone a su juicio un "desmantelamiento" de las regulaciones aplicadas en Cataluña.