El sacerdote suspendido por abusos en Puebla de Sanabria comienza a cumplir la pena impuesta por la Santa Sede

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. Foto: EP

La Diócesis de Astorga impone medidas cautelares a otro cura investigado por abusos en el Seminario de La Bañeza ante nuevas acusaciones.

El sacerdote suspendido durante diez años por abusos a menores en un colegio de Puebla de Sanabria (Zamora) entre los años 1981 y 1984, José Manuel Ramos Gordón, comenzará este miércoles, 2 de enero, a cumplir la pena impuesta por la Santa Sede en un monasterio fuera de la Diócesis de Astorga, a la que pertenece, según ha informado ésta a través de un comunicado.

El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo, Juan Antonio Menéndez, en el mes de septiembre, que fue desestimado.

Después de haber manifestado su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y una vez transcurrido el tiempo previsto, el caso ha pasado a ser "cosa juzgada", según las mismas fuentes, por lo que cumplirá la pena canónica consistente en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en residir durante diez años en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga.

Respecto a la situación del sacerdote Ángel Sánchez Cao, también investigado en su día por presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el Seminario de la Bañeza (León), el Obispado apunta que aún no se ha recibido respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el caso, si bien reconoce que ha recibido recientemente noticias fundadas sobre otro presunto abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

Después de examinar las nuevas circunstancias se le han impuesto al sacerdote algunas medidas cautelares para garantizar "la libertad y el buen desarrollo de dicha investigación".

Entre otras medidas se le ha apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la presunta víctima.

Por último, la Diócesis recuerda que sigue adoptando medidas para atender las denuncias, a pesar de que los casos puedan estar prescritos civil y canónicamente, y prevenir abusos a menores siguiendo el protocolo establecido en la Diócesis.

"Estos lamentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes del presbiterio diocesano que están entregando cada día su vida al servicio de Dios y de los hermanos", concluye el comunicado.