El 13 de junio se inicia el juicio por la supuesta adjudicación a dedo de la variante de Guardo

E.P.

Figuran imputados dos funcionarios de la Consejería de Fomento y los administradores de la UTE adjudicataria.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid celebrará a partir del próximo día 13 de junio el juicio por la supuesta adjudicación a dedo en el denominado 'caso de la variante de Guardo', en el que compartirán banquillo una funcionaria de la Consejería de Fomento, su jefe y los dos administradores de la UTE adjudicataria.

 

La vista oral del juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, dará comienzo el día 13 de junio y se prolongará, en principio, durante el 14 y 18 del mismo mes.

 

Los acusados son la funcionaria de los servicios centrales de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Belén G.G., y su jefe, Jesús M.A, así como dos administradores de Eipsa y Civil 4, José Antonio Ll.J. y Diego B.D, respectivamente, integrantes de la UTE adjudicataria del proyecto.

 

En su escrito de calificación provisional, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de informaciones reservadas, otro de aprovechamiento de información privilegiada y un delito de fraude a un ente público y responsabiliza a los funcionarios de la Consejería de Fomento del primer y tercer delitos y a los administradores de la UTE del segundo y del tercero.

 

Así, solicita para Belén G.G. y Jesús M.A. un año y ocho meses de prisión, multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años, mientras que los representantes de la UTE se exponen también a idéntica pena privativa de libertad, inhabilitación para acceder a subvenciones o exenciones fiscales por tres años y al pago de multas por importe de 1.022.000 euros.

 

La investigación, recaída en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid fue auspiciada desde la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y se encuentra centrada exclusivamente en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo, que recayó a primeros de 2011 en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408.714,24 euros.

 

Al concurso se presentaron 27 ofertas, si bien fue la citada UTE la que obtuvo la mayor puntuación, con 88 puntos sobre 100, aunque el juez instructor, a tenor de las diligencias practicadas, advierte de que a pesar de que el proceso de adjudicación seguido es correcto, "en realidad estaba preparado previo acuerdo con la finalidad de adjudicárselo a Civil 4 y Eipsa", para lo cual los imputados mantuvieron diversas reuniones previas y contactos telefónicos al objeto de "adecuar los pliegos del concurso público próximo a licitar".

 

La imputación la fundamentó en su día el juez instructor en las reuniones, las llamadas, los correos electrónicos y los regalos recibidos por la funcionaria Belén G.G. y su jefe, Jesús M.A, lo que en su opinión era indiciario de que los cuatro investigados se concertaron con carácter previo a la adjudicación.

 

DETENCIÓN DE LA FUNCIONARIA EN 2012

 

Los hechos trascendieron públicamente a raíz de la detención, el 21 de junio de 2012, de la funcionaria Belén G.G. en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, en cuyo transcurso los actuantes registraron no sólo su despacho sino, posteriormente, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.

 

Al día siguiente de la detención, el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo un llamamiento para que los medios de comunicación fueran "exquisitamente escrupulosos" con la presunción de inocencia de una trabajadora del Grupo A y con trece años de servicio en la Administración regional.

 

El contrato para las obras de la variante de Guardo (CL-626), con un presupuesto de 19.827.645,54 euros y un plazo de ejecución de treinta meses, fue otorgado por el departamento que dirige Antonio Silván a finales del año 2010 a favor de la UTE compuesta por las constructoras Sacyr e Inmobiliaria Río Vena.

 

Con posterioridad, a principios de 2011 se produjo la adjudicación de la dirección facultativa de dichas obras, la que es objeto de la presente causa, en favor de Eipsa-Civil 4 por más de 400.000 euros.