La Junta Electoral Provincial de Salamanca estimó una reclamación presentada por el PSOE y concluyó que el PP, a través del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, vulneró la normativa electoral por “utilizar medios públicos para la realización de campañas prohibidas” como, según ejemplifica, “la exposición de supuestos logros o de propuestas programáticas”, y protagonizar “visitas electoralistas” a instalaciones o dependencias, prohibidas por la norma que rige los procesos de elecciones.

El acuerdo de la Junta Electoral requiere al consejero de Sanidad, alto cargo del PP y candidato por la provincia de Burgos en las elecciones del próximo 13 de febrero, a que cese esta conducta y le apercibe con la incoación de un procedimiento sancionador en caso de proseguir con la realización de actividades prohibidas por la normativa.

El comunicado emitido por la Junta Electoral consideró que el consejero vulneró la Ley al realizar la semana pasada una visita al consultorio médico del municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada donde anunció diversas cuestiones relacionadas con esta infraestructura y otras vinculadas a la atención sanitaria.  

La Junta Electoral afirmó en un comunicado donde se recoge su dictamen que la actuación del Consejero y candidato del PP incumple la Ley y su actuación no cabe en los periodos electorales puesto que “representantes de las administraciones públicas no pueden realizar actos de gestión de las obras y servicios públicos que puedan tener contenido electoralista ya sea por la presencia de los medios de comunicación o de cualquier otra circunstancia que pueda darse” .

Así, la Junta Electoral da la razón en su denuncia al Partido Socialista, que aprovechó para hacer público un comunicado en el que califica la actitud de Vázquez como “tramposa y ventajista”. “Es la línea habitual que el PP viene demostrando a la hora de hacer política. Aprovecharse de lo público y de lo que es de todos los ciudadanos en beneficio propio, por encima de todos y de todo, saltándose la ley, los criterios y principios éticos y morales que deben presidir la labor de un representante público”, concluyó el PSOE.