El Gobierno y las autonomías están de acuerdo en reclamar a la Unión Europea una futura Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 con una partida presupuestaria suficiente que, al menos, mantenga la financiación anterior y que tenga en cuenta la singularidad de los diferentes territorios.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este miércoles presencialmente con las comunidades autónomas, dentro de los consejos consultivos que celebran mensualmente, con la idea principal de sentar principios y acuerdos de cara a la negociación de la futura programación de la PAC, cuyos debates están ya activos a nivel comunitario.

Tanto el Gobierno central como las autonomías parten de puntos en común -ese mismo de mantener un nivel de ayudas "sólido"-, pero también hay diferencias, como la que suscita el debate en torno a si es pertinente o no que los jubilados reciban ayudas de la PAC.

En cuanto al presupuesto, el ministro ha dicho en rueda de prensa que defiende la necesidad de mantener al menos el nivel presupuestario de la actual programación y "conseguir un equilibrio" entre el "carácter europeo" de esta política y la flexibilidad en su aplicación por parte de los Estados miembros. Sobre la percepción de ayudas por parte de agricultores jubilados, Planas es partidario de mantenerlas porque es un colectivo que evita el abandono de tierras agrícolas.

Posiciones regionales

Precisamente, desde las autonomías hay división, casi al 50%, entre las que están a favor o en contra de mantener esas ayudas a los agricultores jubilados. Sí hay consenso a la hora de pedir un presupuesto para la futura PAC que sea "suficiente", "sólido" o "estable", como así lo han calificado varios consejeros asistentes.

Algunas regiones como Galicia, Andalucía o La Rioja ven también oportuno que la UE tenga en cuenta la "singularidad" de cada uno de los territorios comunitarios y, para ello, creen esencial que las distintas zonas tengan peso en el diseño del nuevo marco.

Regiones del norte (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Navarra) han aprovechado el encuentro para trasladar al Gobierno la necesidad de más medidas coyunturales y estructurales ante el impacto creciente de las altas temperaturas y de la sequía en el campo.

Además, la Comunidad Valenciana ha anunciado que exigirá al Gobierno la aplicación de cláusulas de salvaguarda que frenen la importación "masiva y descontrolada" de arroz procedente de Myanmar.

Política pesquera

El debate sobre la política pesquera comunitaria ha girado también sobre el futuro financiero de la misma y sobre la necesidad de que la UE desarrolle reglamentos que hagan más viable la actividad y aseguren el relevo generacional. El consejo consultivo ha valorado el logro de subir de 2.000 a 4.000 millones de euros la financiación propuesta para este sector en el marco financiero plurianual 2028-2034.

Desde el Gobierno, Planas ha señalado que la Política Pesquera Común (PPC) ha tenido "muchos éxitos" pero "también cuestiones para revisar como la política de descartes". Desde las regiones, Asturias ha pedido un marco financiero estable para la política pesquera y avanzar en la modernización de las embarcaciones y el relevo generacional. Cantabria es partidaria de que las partidas económicas para pesca no se aminoren en el próximo período, mientras Andalucía ha reclamado una sostenibilidad triple para el sector, tanto en el ámbito ambiental como en lo económico y social.

También en materia pesquera, Baleares y Murcia han exigido que se tenga en cuenta la especificidad en la pesca del Mediterráneo a la hora de elaborar los reglamentos europeos que les afectan.

Canarias, por su parte, ha defendido la creación de un Posei pesquero -con ayudas y medidas específicas por ser región ultraperiférica-, con el que se consiga aportar más financiación a microempresas sectoriales. Al encuentro han acudido presencialmente todas las autonomías, salvo Cataluña, que ha delegado su representación en el ministro Luis Planas.