La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha cuestionado la reclamación de 272.143 euros planteada por la Diputación Provincial al Ayuntamiento debido al incumplimiento del acuerdo de 1981 sobre el Parque Provincial de Bomberos. La regidora ha avanzado que el Consistorio analizará la petición con sus servicios jurídicos antes de fijar una postura definitiva.

"Hay poco que decir", ha señalado la regidora, tras recordar que "la sentencia fue muy clara en cuanto a que el derecho de superficie no se podía registrar después de pasados tantos años".

Andrés ha incidido en que la propia institución provincial basa su demanda en un supuesto incumplimiento continuado desde hace más de cuatro décadas, por lo que ha rechazado que la responsabilidad recaiga en el actual equipo de Gobierno. "Es algo que no solo compete a esta corporación, sino que sobre todo compete al resto que ha pasado, incluido del grupo político del que lo reclama", ha afimado la alcaldesa, subrayando que "el Partido Popular ha gobernado esta ciudad durante muchos años", aunque ha reconocido que la institución provincial "tiene todo su derecho" a formular la petición.

Vía de diálogo y discrepancias económicas

Respecto a los pasos a seguir, el Ayuntamiento estudiará formalmente el expediente y lo trasladará al responsable jurídico municipal. A partir de ese informe, Andrés ha apostado por mantener abierta la vía de diálogo entre ambas administraciones, sin descartar que la ciudad discrepe de la cantidad o de los fundamentos de la reclamación.

Por su parte, la Diputación de Palencia aprobó recientemente en la Comisión Informativa de Hacienda el expediente para exigir los 272.143 euros más los intereses legales. La institución argumenta que el Ayuntamiento incumplió el compromiso de 1981 para construir el parque en terrenos municipales a cambio de un derecho de superficie durante 75 años.

Aunque el TSJCyL determinó que ya no era posible constituir dicho derecho por la naturaleza jurídica de los terrenos, la resolución judicial abrió la puerta a una compensación económica al apreciar una posible responsabilidad municipal y un eventual enriquecimiento unjusto.