UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por el incumplimiento del convenio colectivo del personal laboral, al no haber llevado a cabo la reclasificación profesional prevista para cerca de 5.000 trabajadores.

Según han explicado el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, y el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social, Carlos Arenas, el sindicato logró que la Administración aceptara, tras una "dura negociación", adaptar la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones de Bolonia.

A juicio del sindicato, ese acuerdo dio lugar a un convenio "innovador, progresista y muy beneficioso" para los más de 15.000 trabajadores del personal laboral de la Junta a los que da cobertura.

Sin embargo, UGT denuncia que la reclasificación profesional, que debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2024, todavía no se ha materializado.

El sindicato sostiene además que, desde la entrada en vigor del convenio y con la llegada de Luis Miguel González Gago a la Consejería de Presidencia, "el interés en cumplir el acuerdo adoptado ha sido nulo".

UGT asegura que hasta la fecha solo se han celebrado seis reuniones con la Administración autonómica, todas ellas, según afirma, impulsadas por la presión sindical. Tres tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2024, tras la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, y otras tres entre marzo y julio de 2025, después de que el sindicato promoviera un conflicto colectivo ante el Serla.

Mientras tanto, denuncian, los casi 5.000 trabajadores pendientes de la reclasificación continúan desempeñando funciones que, en muchos casos, no se corresponden con su categoría profesional y perciben salarios inferiores a los que les corresponderían, una situación que, según UGT, también repercute en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Con esta demanda, el sindicato busca que la Justicia obligue a la Junta a cumplir el convenio colectivo y a ejecutar una reclasificación profesional que considera pendiente desde hace más de un año.