La estrategia judicial de Leire Díez da un nuevo paso. La defensa de la exmilitante socialista ha solicitado la nulidad de las actuaciones relacionadas con su detención el pasado 10 de diciembre al considerar que el arresto fue desproporcionado y que durante la investigación se vulneraron varios de sus derechos fundamentales.

En el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso EFE, sus abogados reclaman que se declaren nulas tanto la detención como todas las diligencias posteriores derivadas de ella, incluida la información obtenida de los teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos electrónicos y documentación que fueron intervenidos durante la operación.

La defensa sostiene que la actuación policial carecía de la suficiente justificación y asegura que no existía riesgo de fuga ni delito flagrante que hiciera necesaria la detención. A su juicio, dada la situación personal de Díez, con domicilio conocido y proyección pública, habría bastado con una citación judicial para que compareciera voluntariamente.

Además, cuestiona que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contaran con la correspondiente autorización judicial para practicar tanto la detención como la incautación y posterior acceso al contenido de los dispositivos electrónicos.

Durante la operación fueron intervenidos teléfonos móviles, ordenadores, agendas, libretas y diversa documentación tanto en poder de la investigada como en los registros realizados en varios inmuebles vinculados a ella.

Los abogados mantienen que el análisis de ese material se llevó a cabo de forma masiva e indiscriminada, sin la cobertura judicial necesaria y afectando incluso a comunicaciones de carácter privado y familiar, lo que, a su entender, supone una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

Leire Díez está siendo investigada por su presunta implicación en una trama que habría tratado de influir en actuaciones de la Justicia y de la Guardia Civil, además de por otras supuestas actuaciones relacionadas con operaciones vinculadas a la SEPI y con procedimientos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a personas de su entorno.

Con este incidente de nulidad, la defensa busca que el juzgado deje sin efecto tanto la detención como todas las pruebas obtenidas a partir de ella, al considerar que se produjeron con vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, carecen de validez procesal.