El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado el acuerdo de Gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León al considerar que incorpora compromisos en materia de infraestructuras que dependen exclusivamente del Ejecutivo central y no de la Administración autonómica.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Puente explicó que había encargado a su equipo analizar las actuaciones incluidas en el documento y calcular su coste. Según afirmó, las inversiones que afectan a su Ministerio ascienden a unos 30.000 millones de euros.

"El acuerdo PP-Vox supondría dedicar todo el presupuesto de inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante tres años exclusivamente a Castilla y León", aseguró el ministro, quien recordó que su departamento ejecutó algo más de 10.000 millones de euros en inversiones durante 2025.

Puente mostró su sorpresa porque el pacto de Gobierno incluya proyectos cuya construcción y financiación corresponden al Gobierno de España. A su juicio, este hecho evidencia que una parte del acuerdo "está prácticamente vacía de contenido" y traslada a otras administraciones la responsabilidad de ejecutar las actuaciones previstas.

El ministro sostuvo además que el volumen de inversiones planteado sería inasumible incluso para la propia Junta de Castilla y León y afirmó que el documento constituye "un auténtico timo" porque, en su opinión, genera expectativas sobre proyectos que no dependen del Ejecutivo autonómico ni pueden ejecutarse durante una legislatura.

En sus declaraciones, Puente comparó esta situación con otras promesas políticas realizadas anteriormente en Valladolid, como el soterramiento del ferrocarril o el proyecto del estadio José Zorrilla al que se refirió como un "mini Bernabéu". Según señaló, estas iniciativas responden a una forma de hacer política basada en "vender humo" y promesas que considera irrealizables.

Por último, el titular de Transportes instó al Partido Popular y a VOX a presentar propuestas que dependan de sus competencias y sean viables, en lugar de, según sus palabras, fundamentar su acción política en actuaciones cuya ejecución corresponde al Gobierno central.