Un estudio académico advierte de que la implantación del nuevo sistema de evaluación de la LOMLOE en Castilla y León ha incrementado de forma notable la carga burocrática del profesorado y ha condicionado su autonomía pedagógica, hasta el punto de convertir la evaluación en un mecanismo de control más que en una herramienta para mejorar el aprendizaje.

El trabajo, elaborado por los docentes Gustavo Hernández Sánchez, Miguel Salinas Romo y Andrés Acquaroni y publicado en el último número de la revista 'Con-Ciencia Social', analiza de forma comparada cómo se está aplicando la evaluación por criterios en Madrid, Castilla y León y Andalucía, a partir de estudios de caso en departamentos de Geografía e Historia de Educación Secundaria.

En el caso de Castilla y León, los autores señalan una "clara predisposición" de la administración autonómica a desarrollar de manera efectiva la LOMLOE, especialmente desde el curso 2023-2024, con la publicación de instrucciones, guías de apoyo y modelos comunes de programación didáctica para todos los centros.

Sin embargo, el estudio subraya que esta apuesta ha tenido efectos contradictorios en la práctica docente.

Según el análisis consultado por EFE, la Consejería de Educación optó por programaciones muy sintéticas y homogéneas, acompañadas de grandes tablas de Excel compartidas entre el profesorado, en las que se introducen y ponderan los criterios de evaluación asociados a las competencias.

Aunque este sistema se ajusta formalmente a la normativa, los autores advierten de que ha derivado en una "burocratización extrema" del proceso evaluador. "El profesorado se ve obligado a justificar su trabajo dejando evidencias constantes en hojas de cálculo, algo que la propia LOMLOE no exige", señalan, al tiempo que denuncian una pérdida de confianza de la administración en el criterio profesional de los docentes.

En su opinión, la evaluación ha pasado a ocupar un lugar central y desproporcionado, condicionando la planificación, la metodología y el día a día en el aula.

El estudio también apunta a una aplicación desigual de estas exigencias en el territorio, con un mayor rigor por parte de la inspección educativa en centros rurales, donde las plantillas son más reducidas, lo que incrementa la presión sobre el profesorado.

Pese a ello, Castilla y León aparece en el trabajo como una de las comunidades que más ha impulsado el enfoque competencial promovido por la LOMLOE, en contraste con Madrid, donde la aplicación ha sido mínima, y con Andalucía, donde la implantación se apoya en una plataforma digital propia que también condiciona las prácticas docentes.

Entre las conclusiones generales, el artículo subraya la persistencia del "código disciplinar" tradicional en el profesorado, que explica la resistencia o la adaptación superficial a los cambios normativos.

También remarca que no existe una correlación directa entre el color político de los gobiernos autonómicos y el grado real de aplicación de la ley.

"La guía y la explicación del docente siguen siendo insustituibles", concluyen los autores, que defienden el papel central del profesorado frente a un modelo que, alertan, corre el riesgo de convertir la educación en un ejercicio de registro administrativo.