Ambas entidades firman un convenio de colaboración para reforzar un galardón que distingue proyectos de investigación sobre la lengua y la cultura hispánicas, cuya segunda edición ha recaído en un equipo de la Universidad de Oxford
Investigan la filtración de datos personales de Mañueco y Puente en redes y foros privados
La Policía Nacional investiga la difusión de información personal de figuras públicas, principalmente altos cargos de Transportes y presidentes autonómicos
La Policía Nacional ha iniciado una investigación ante la aparición de nuevas filtraciones de datos personales y sensibles que afectan al ministro de Transportes, Óscar Puente, a altos cargos de Renfe y Adif, y a presidentes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.
Según fuentes policiales, los agentes especialistas en ciberdelincuencia de la Comisaría General de Información trabajan para determinar el origen de los datos, que habrían sido hackeados con anterioridad y difundidos en redes sociales y foros privados. Los hechos se relacionan con la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
El grupo que opera bajo el alias Vindex difundió información personal del ministro Puente, del secretario de Estado José Antonio Santano Clavero, del presidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia y del responsable de Adif Luis Pedro Marco de la Peña, como represalia por considerarlos responsables del siniestro.
Paralelamente, otro hacker, conocido como Eurogosth, publicó datos de responsables autonómicos, incluyendo Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Francisco Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), entre otros. La información incluye DNI, direcciones y teléfonos personales.
Fuentes policiales destacan que es habitual que este tipo de datos se difundan periódicamente en canales de Telegram, práctica que ya se había detectado en filtraciones anteriores, como las ocurridas en septiembre y julio, que afectaron a ministros, presidentes autonómicos y miembros del CNI, e incluso derivaron en detenciones.
El caso evidencia el creciente riesgo de ciberataques contra figuras públicas, así como la necesidad de reforzar la seguridad digital y la protección de información sensible frente a la acción de hackers, muchos de ellos jóvenes, que buscan visibilidad o realizar represalias por hechos externos.
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