La plataforma en defensa del soterramiento del ferrocarril en Palencia ha vuelto a mostrar su rechazo frontal a la postura del Ministerio de Transportes. Tras las recientes declaraciones de Óscar Puente, en las que aseguraba que soterrar las vías en la capital palentina es "inviable", el colectivo ha dado un paso más y ha pedido su dimisión por considerar que el ministro "carece de capacidad y credibilidad" para abordar este asunto.

La plataforma sostiene que las palabras del ministro contradicen los documentos técnicos elaborados por el propio Ministerio. En un comunicado, recuerdan que el Estudio Informativo de 2010, "vigente y de obligado cumplimiento", concluye que el soterramiento es la única solución viable para la integración ferroviaria en Palencia, según EFE.

Según la asociación, ese estudio ya se está aplicando en la zona sur y también en la norte, aunque en este último tramo critican que Adif esté actuando "al margen de la Ley" y de lo establecido en el Estudio Informativo de 2018.

Por ello rechazan de plano que el soterramiento sea inviable y lamentan que el ministro sustituya los criterios técnicos por "opiniones personales sin base técnica".

También cuestionan los argumentos económicos esgrimidos por Puente. Consideran que al hablar de protocolos de 40.000 millones en otras ciudades mezcla realidades distintas, ya que en Palencia no existen protocolos, sino dos estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 que deben cumplirse.

En ese sentido, critican además que se destinen 216 millones a una nueva estación en Valladolid, una cifra que, según sostienen, supera el coste real estimado del soterramiento en Palencia.

Otro de los puntos que denuncian es la ejecución del salto de carnero en la salida norte de la ciudad, una obra valorada en 26,6 millones de euros. La plataforma recuerda que la Audiencia Nacional ha considerado que hubo vía de hecho y que se incumplieron tanto los estudios informativos como las declaraciones de impacto ambiental, por lo que, recalcan, "habrá que derribarla".

Con todo ello, la asociación pone en duda la credibilidad del ministro y su capacidad para tomar decisiones sobre el futuro ferroviario de la ciudad, y concluye que prefiere que dichas decisiones "sean supervisadas por un juez".