La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León) ha valorado positivamente las líneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, destacando su carácter expansivo, el compromiso con los servicios públicos y el medio rural, así como el mantenimiento de una fiscalidad moderada como ejes clave del plan económico presentado.

El anteproyecto, que contempla un gasto total de 15.715 millones de euros -un 7,92% más que en 2025 y cifra récord para la región-, es visto por la patronal como una oportunidad "significativa" para impulsar el desarrollo económico, reforzar la cohesión territorial y mejorar la competitividad empresarial, siempre que las partidas se orienten de forma adecuada y se garantice su ejecución efectiva.

Ante el nuevo escenario presupuestario, la Confederación ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que se sienten a negociar el proyecto y se evite una nueva prórroga presupuestaria, instando al consenso político como vía para ofrecer estabilidad económica e institucional.

En su análisis, la organización empresarial ha puesto en valor el anuncio del presidente de la Junta sobre la "fiscalidad más baja de la historia" en la comunidad, con beneficios fiscales que, según lo previsto, alcanzarán a más de 600.000 contribuyentes, especialmente familias, jóvenes, autónomos y pymes. Desde CEOE Castilla y León consideran esencial mantener este enfoque para atraer y retener inversión, talento y empleo en el territorio.

Asimismo, la patronal celebra el incremento del 12% en los gastos de capital, que ya superan el 15% del presupuesto total, y la previsión de 1.725 millones de euros en inversiones reales, lo que supone un aumento del 23,21% respecto al ejercicio anterior. Una apuesta, subrayan, que refuerza el respaldo a los sectores económicos más dinámicos.

En el ámbito empresarial, CEOE también valora positivamente las partidas dirigidas a crecimiento económico, innovación, internacionalización e I+D+i, y pide que se garantice la participación del tejido empresarial en el diseño de estas políticas, en línea con los principios de colaboración público-privada recogidos en los acuerdos de diálogo social.