El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado el proyecto de Ley Orgánica sobre la quita de la deuda autonómica que aprobará mañana el Consejo de Ministros, calificándolo de "contrario al interés general y al de Castilla y León". Según Carriedo, tras la aprobación de la iniciativa, cada ciudadano de la Comunidad deberá 523 euros más, dado que lo que se pretende condonar a la región (3.000 millones de euros) es inferior a lo que se asumiría como españoles.

En declaraciones a la agencia Ical, el titular de Economía explicó que la ley "se aprueba para dar cumplimiento al acuerdo con ERC que permitió a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno" y que implica que "los españoles pasemos a asumir la deuda de una comunidad autónoma", a pesar de las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y otros analistas sobre posibles consecuencias negativas, como la desigualdad entre territorios, la creación de una percepción de que "las deudas no hay que pagarlas" y un impacto negativo en la solvencia de la Hacienda española.

La Junta de Castilla y León presentará un recurso de inconstitucionalidad tan pronto se apruebe la ley. Carriedo criticó que los criterios de la quita responden a los intereses de Cataluña, donde ERC solicitó la condonación de 15.000 millones, mientras que penalizan a comunidades que han reducido impuestos y presentan menor endeudamiento, como Castilla y León. Según el consejero, la medida "crea un precedente" que contradice las llamadas al rigor fiscal de las autonomías.

"No necesitamos una quita de la deuda porque cumplimos nuestros compromisos; lo que necesitamos es un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la ruralidad, el coste real de prestar servicios en los pueblos y combatir la despoblación", señaló Carriedo. Además, recalcó que la quita "sólo se ha hecho pensando en los partidos separatistas y no soluciona el problema principal: la insuficiente financiación de las comunidades para ejercer sus competencias".

Por último, el consejero mostró dudas sobre la aprobación definitiva de la propuesta, debido a las reticencias de algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, como Compromís, BNG y Chunta Aragonesista.